El denunciante de Alvise revela al juez su entramado societario para resarcir a los inversores

Dentro de su estrategia de colaboración, que incluyó la denuncia contra Alvise Pérez, Romillo ha reclamado al juez instructor José Luis Calama que un administrador judicial de su elección se ponga al frente de sus 13 sociedades para mantener los activos y poder resarcir con sus beneficios, «en la medida de lo posible», a los afectados por la clausura del MIC. Los mismos particulares que presentaron dos demandas colectivas por estos hechos que propiciaron la apertura de la causa que instruye el juzgado de la Audiencia Nacional.

Entre estas mercantiles desveladas por Romillo se encuentran un restaurante llamado Negro Carbón en Málaga; la promotora del festival de música Selvatic Fest, también en la capital malacitana, que ha programado conciertos durante todo el verano con artistas internacionales; Málaga Forum para la exhibición de películas; una empresa radicada en Madrid, Elulegal SL, que gestiona establecimientos de restauración; una que arrenda hoteles o locales de hostelería llamada Wanderstay SL, también domiciliada en Madrid; y otra dedicada al comercio al por mayor de vehículos de todo tipo, PKW Italien SL. En estos negocios aparecen dos personas como administradores, Borja Lara y Alejandro Pérez.

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La defensa considera que, «dada la insostenibilidad de la situación actual», resulta indispensable para asegurar los fondos y restituir a los inversores que la autoridad judicial intervenga cuanto antes para que sus empresas no pierdan valor a causa del bloqueo de sus cuentas por la investigación. Del mismo modo, pide al juez que remita una Orden Europea de Investigación (OEI) a las autoridades portuguesas con el fin de que informen del estado de las cuentas pertenecientes a la mercantil Sabroso LDA, para que en su caso se proceda a su desbloqueo así como a poner los fondos a disposición de la presente instrucción.

Fue el embargo cautelar de estos depósitos en el país vecino lo que precipitó el abrupto cierre del MIC. El motivo, al parecer, una investigación previa de antiblanqueo, que ya había recibido información de la CNMV y de la patronal que regula las transacciones con criptomonedas (medio digital de intercambio) en España sobre el peligro de este «chiringuito». Un fondo de inversión de alto riesgo que pudo mover unos 300 millones de euros y que ofrecía rentabilidades superiores al 50%.

Pues bien, tal y como revela en su escrito, del dinero recaudo por Romillo a través de los clientes del MIC se creó una estructura societaria que gestiona varios negocios de restauración, autocine, festivales de música, tiendas u otras propiedades. Un conglomerado que hasta la fecha le había permitido cumplir con todos los contratos de los inversores, es decir, abonarles la rentabilidad con los beneficios de estas sociedades. Pero el bloqueo de su depósito en Portugal, que le permitía inyectar liquidez, precipitó los acontecimientos.

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Antes incluso de que los damnificados por el fondo Madeira Invest Club acudieran a la Audiencia Nacional, el acusado ya estaba en conversaciones con la Fiscalía para reconocer los hechos presuntamente delictivos y ofrecer sus activos para el pago de los inversores. Un acuerdo extrajudicial que incluyó la delación de los 100.000 euros presuntamente entregados en mano al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) el pasado 27 de mayo, días antes de las elecciones europeas, y que ya investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo por presunta financiación ilegal. Así lo atestiguarían los mensajes de móvil intercambiados entre ambos.