La defensa de Begoña Gómez vuelve a acusar a Peinado de instruir una «causa general»

En concreto, el defensor rechazó de plano que el juez reclame a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) información sobre el rescate a Air Europa en plena pandemia, porque «procesalmente las ayudas otorgadas por el Gobierno» a la compañía «no constituyen el objeto del presente procedimiento».

En su recurso, asegura que «carece de fundamento la diligencia que ha sido acordada» por el magistrado porque «si los hechos no están siendo investigados en el presente procedimiento no cabe pedir una documentación que tiene que ver con la concesión de unas ayudas aprobadas en Consejo de Ministros». Y recuerda que, dada la condición de los integrantes de este órgano, «ni siquiera estaría dentro de la competencia del juzgado para investigar los mismos», en referencia a la condición de aforados de los miembros del Ejecutivo.

En este contexto, la defensa de Gómez responde a una providencia anterior de Peinado que «no tiene conocimiento de que se haya dictado un auto ampliando el objeto de la investigación en los términos en que quedó delimitado por la Audiencia Provincial». «Hemos de reiterar lo que ya hemos señalado en escritos previos con relación a la prohibición en nuestro sistema procesal penal de las investigaciones prospectivas contra el investigado. Es decir, aquellas en las que, con la excusa de investigar un determinado hecho delictivo, en realidad, lo que se busca es inspeccionar en la vida del investigado para ver si otros delitos pueden ser descubiertos», critica Camacho.

El que fuera ministro socialista del Interior ha incidido en que «el Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre las causas generales, afirmando que someter a una persona a una investigación prospectiva es 'del todo incompatible con los principios de un Estado democrático de Derecho'».

Cabe destacar que ha sido esta misma semana cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid reclamó a la empresa pública para que aporte documentación relativa a las ayudas otorgadas a la aerolínea por el fondo de solvencia a empresas estratégicas, por la que percibió 475 millones de euros para evitar su quiebra por culpa de la crisis sanitaria.

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En concreto, solicitó «los expedientes completos por los que se otorgaron las ayudas, en cualquiera de sus fases, así como la documentación e información que, en relación a los mismos, permitan conocer su inicio, desarrollo, ejecución, financiación y toma de decisiones al respecto». El motivo de reclamar esta documentación es para ahondar en una línea de investigación sobre las relaciones comerciales entre Begoña Gómez y la compañía Globalia, cuyos propietarios son la familia Hidalgo, y la presunta influencia de la primera en el rescate de su filial aérea.