Cinco exetarras electos de EH Bildu no han satisfecho la responsabilidad civil

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el Servicio Común de Ejecutorias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional remitió el pasado lunes sendas comunicaciones urgentes a la propia sala, a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía, al Ministerio del Interior y a la Oficina de Víctimas del Terrorismo en las que reconoce que, tal y como había denunciado Dignidad y Justicia, entre los electos de la formación abertzale hay efectivamente condenados por terrorismo que no han satisfecho su responsabilidad civil.

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Tras analizar el listado de cargos electos con condenas que el pasado 8 de junio la asociación de víctimas del terrorismo que preside Daniel Portero, hijo del fiscal jefe de Andalucía asesinado por ETA, remitió al Servicio de Ejecutorias, la Audiencia Nacional certifica que, al menos, cinco de estos electos tenían penas de responsabilidad civil, aunque la investigación no ha concluido. Se trata de todos aquellos que su condena no se ciñó solo a los delitos de pertenencia o colaboración con banda armada, sino que incluía estragos, robos e, incluso, colaboración para el asesinato.

Los cinco exetarras candidatos de EH Bildu que ocupan o han ocupado cargos públicos y que tienen pendiente el pago de su responsabilidad civil, según la Audiencia Nacional, son Miren Arantzazu Karrera Karrera, exconcejala de Amezketa (Guipúzcoa) hasta este 2023 y que suma    hasta cuatro condenadas diferentes con dinero de por medio, entre otras por dos asesinatos, un secuestro y otra más por estragos, todas ellas entre 1983 y 1985; Juan Carlos Arriaga Martínez, candidato en Berrioplano (Navarra) y condenado en 1989 como cooperador necesario de un delito de asesinato; José Ángel Viguri Camino, candidato en Salvatierra (Álava) y condenado por atentado en 1992; Gorka Betolaza Villagrasa, candidato en Barrundia (Álava) y condenado en 2010 por transporte de sustancias explosivas y daños; e Iker Isiegas Garisoain (Navarra), candidato en Basaburua y condenado por tenencia de explosivos en 2005.

Se da la circunstancia que los dos primeros de la lista, Karrera (que no volvió a presentarse en las elecciones del 28 de mayo) y Arriaga (que no ha tomado posesión por tener delitos de sangre) ya venían de ser concejales y de cobrar dinero público con anterioridad, sin que nadie durante años en las administraciones e instituciones del Estado se hubiera percatado de ello ni hubiera hecho nada por embargarles parte del sueldo. Karrera fue concejal de educación y medio ambiente en Amezketa desde 2019 hasta 2023 mientras que Arriaga ya fue concejal, al menos en 2015, en Berrioplano.

Hay una tercera candidata de Bildu electa con delitos de sangre que fue denunciada por DyJ pero que, probablemente por un error porque sí que consta que fue condenada a responsabilidad civil, no aparece en el listado del Servicio de Ejecutorias. Es Begoña Uzkudun Etxenagusia, número 3 en la lista a la Alcaldía de Errezil (Guipúzcoa) y que no tomó posesión del cargo el pasado sábado.

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Con los oficios remitidos por la Audiencia Nacional esta semana, el Servicio de Ejecutorias va a intentar embargar los sueldos públicos y activar las gestiones para que el Estado recupere el dinero que adelantó a los damnificados. A la Abogacía le insta a reclamar las cantidades adelantadas; a la Fiscalía le informa para que promueva los expedientes; a Interior para que remita a la Audiencia Nacional los «procedimientos de recaudación abiertos» a estos cargos; y la Oficina de Víctimas para que envíe a Ejecutorias las condenas de estos concejales que consten en sus archivos.