La ONU denuncia que seis muertos en un ataque en Gaza eran empleados suyos

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La escuela Al-Jaouni, enclavada en el campo de refugiados de Nuseirat, alberga a unas 12.000 personas desplazadas, en su mayoría mujeres y niños, y ha sido atacada cinco veces desde el inicio de la guerra en Gaza, según especificó Naciones Unidas. Su secretario general, António Guterres, calificó la agresión de «totalmente inaceptable» y dijo que «es necesario poner fin ahora a estas dramáticas violaciones del Derecho Internacional humanitario». El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, se mostró «indignado» por este bombardeo.

Las palabras de condena no tienen impacto alguno sobre el terreno. Ninguna viene acompañada de medidas concretas, pese a que Estados Unidos, por ejemplo, ha exigido reiteradamente al ejército israelí una mayor precisión y que cuide en sus operaciones de no eliminar vidas civiles. Las fuerzas armadas justificaron el ataque a la escuela por la presencia de un comando de Hamás en las instalaciones, aunque el grupo islamista lo negó. Un toma y daca que se ha vuelto ya habitual en este tipo de tragedias donde los militares y la coalición islamista se exoneran de responsabilidades.

Nadav Shoshani, portavoz militar, acusó a la agencia UNRWA de no proporcionar los nombres de sus trabajadores muertos «a pesar de repetidas solicitudes» hechas desde el ejército. A lo que Juliette Touma, portavoz de la agencia, respondió que ellos entregan cada año la lista detallada de su personal. El portavoz del Gobierno israelí, David Mencer, fue un paso más allá y aseguró que «ya no era una escuela» y se había convertido en «un objetivo legítimo» ya que Hamás la utilizaba para lanzar ataques. Mencer tampoco aportó prueba alguna de esta acusación.

UNRWA es un viejo objetivo de Israel ya que representa el derecho al retorno de los refugiados palestinos a las tierras de las que fueron expulsados en 1948. En estos once meses más de 200 empleados han muerto bajo las bombas israelíes y la Knesset aprobó en mayo un proyecto de ley para declarar a la agencia «organización terrorista». El Gobierno hebreo acusa a varios empleados de haber tomado parte en los ataques del 7 de octubre. Tras una investigación interna exhaustiva, UNRWA expulsó a 9 de sus 13.000 empleados en la zona.

La buena noticia del día desde la Franja la dio la Organización Mundial de la Salud (OMS), que obtuvo permiso de Israel para evacuar a Emiratos Árabes Unidos (EAU) a 97 enfermos y heridos en situación crítica, la mitad de ellos niños. Es la mayor evacuación médica desde el inicio de la guerra.

Una parte de la sociedad israelí protesta a diario para pedir la dimisión de Benjamín Netanyahu por el enorme error de seguridad cometido el pasado 7 de octubre; la fatídica fecha en la que los milicianos de Hamás asesinaron salvajemente a 1.200 personas, entre israelíes afincados en los kibutz situados junto a La Franja y los asistentes al festival de música Supernova.

Sin embargo, quien ha decidido dejar su puesto es el comandante de la Unidad 8200, el general Yossi Sariel. Esta es la brigada de Inteligencia del ejército y Sariel tomó la decisión por la equivocación que supuso no haberse adelantado a la operación del enemigo. Sariel se suma a la lista de responsables de seguridad que han dimitido, como el general Aharon Haliva, jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, o el general Avi Rosenfeld, jefe de la División de Gaza.

Hasta ahora ningún miembro del Gobierno ha asumido responsabilidad alguna por lo sucedido y eso es lo que más enoja a los sectores críticos con Netanyahu. De hecho, el Canal 12 informó el jueves de que el primer ministro pidió al titular de Justicia que iniciara una causa judicial contra él mismo y el máximo responsable de Defensa, Yoav Gallant, sobre el manejo de ambos en la operación militar en Gaza.

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Al parecer, el primer ministro pretendía que este proceso se abriera y se cerrara posteriormente sin consecuencias, con el fin de eludir una posible orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional. La argucia pasaba por notificar a este órgano que los posibles cargos contra Netanyahu y Gallant habían sido investigados y que, por tanto, no era necesario que el Tribunal de La Haya realizara su propia indagación. La fiscal general de Israel, sin embargo, se negó a los requerimientos del ministro de Justicia.