Amnistía Internacional acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza

«Matanza de miembros de la población palestina», «lesión grave a su integridad física o mental» o «negar el acceso de ayuda humanitaria» son solo algunos de los delitos que achaca Amnistía Internacional al Gobierno de Benjamín Netanyahu. Se trata de un informe realizado en nueve meses, desde el inicio de la guerra, a partir del testimonio obtenido tras entrevistar a 212 personas, entre las que se incluyen a víctimas palestinas, supervivientes y heridos en ataques aéreos o aquellos afectados por el desplazamiento, detención y destrucción de granjas, viviendas y tierras de cultivo. La ONG se suma así al informe de Human Rights Watch, que también acusó a Israel de los mismos crímenes a mediados de noviembre.

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Entre las ideas que la organización ha extraído de los testimonios y datos que ha recopilado, destaca que aunque las acciones hebreas estén destinadas a acabar con Hamás, también lo están para destruir a la población palestina. Señalan que las operaciones militares pretenden impedir el derecho al retorno, mediante la aniquilación total de la infraestructura civil y tierras agrícolas. «La gran destrucción de bienes y tierras de cultivo se llevó a cabo tras haberse hecho las fuerzas israelíes con el control operativo de las zonas, lo que supone que no tuvo lugar en el contexto de las hostilidades y que no parecía estar justificada por necesidades militares imperiosas». En este sentido, se apoyan en los datos que aportan organismos como el Banco Mundial, la UE o la ONU, que afirman que ya en enero -apenas tres meses después del inicio de la guerra- el 84% de las instalaciones sanitarias o el 57% de la infraestructura de abastecimiento de agua estaban completamente destruidas.

Por otra parte, Amnistía Internacional ha apuntado que los terceros países que envían apoyo y armas a Israel «corren el riesgo de convertirse en cómplices del genocidio al estar incumpliendo su obligación de impedirlo». En este sentido, señala que Estados como «EE UU, Alemania, el Reino Unido y otros de la Unión Europea deben tomar ya medidas para poner fin de inmediato a las atrocidades».

El documento también desliza el «lenguaje deshumanizador» y «la intención genocida» que dejan entrever alguna de las declaraciones de altos cargos del Gobierno israelí. En ese marco, pone como ejemplo lo que afirmó Israel Katz, ministro hebreo de Energía e Infraestructura el 10 de octubre de 2023, tres días después del estallido del conflicto: «Hasta ahora hemos transferido a Gaza 54.000 metros cúbicos de agua y 2.700 megavatios de electricidad al día. Se acabó. Sin combustible, incluso la electricidad local se terminará dentro de unos días y los pozos de bombeo pararán dentro de una semana. Eso es lo que hay que hacer con una nación de asesinos e infanticidas. Lo que era no será».

Desde el 7 de octubre, el Estado hebreo se ha defendido argumentando que todas y cada una de las acciones de su ofensiva tienen como objetivo acabar con Hamás, y no así con la población palestina en la Franja. Por ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país ha emitido un comunicado este jueves acusando a Amnistía Internacional de publicar un informe «totalmente falso y basado en mentiras», y ha calificado a la organización de «deplorable y fanática». También ha agregado que «desde la matanza genocida del 7 de octubre, los ciudadanos israelíes están sometidos a ataques cotidianos en siete frentes diferentes. Israel se defiende contra estos actuando de forma totalmente conforme al derecho internacional».

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Por el momento, según los datos del Ministerio de Salud del territorio palestino, la ofensiva hebrea ha dejado más de 44.500 muertos, la mayoría de ellos civiles. Además, el 90% de la población ha abandonado sus hogares y no hay visos de que puedan volver en un futuro cercano.