Los maoríes convierten a las ballenas en «personas jurídicas»

La declaración lleva la firma de una quincena de jefes nativos del Tahití y las Islas Cook, así como la del rey maorí Te Arikinui Tuheitia Paki. Se trata de una rúbrica importante. La ascendencia del rey sobre la población tradicional del Pacífico es muy notable. Hace unas semanas convocó a 12.000 personas para protagonizar un desafío contra el nuevo gabinete neozelandés por su aparente política para reducir la influencia maorí en las islas. La coalición de derechas que encabeza Luxor quiere rebajar la enseñanza de las lenguas originales y recuperar los nombres coloniales en inglés de diversas áreas. Los 12.000 nativos se presentaron a la convocatoria en muchos casos vestidos de guerreros y advirtieron al primer ministro, antiguo director ejecutivo de Air New Zealand, de que no modifique las políticas del anterior Ejecutivo progresista de Jacinda Arden.

Ahora, las ballenas dependen mucho de esta batalla política. La declaración insta a proteger con una ley en la mano las prerrogativas de las ballenas, incluidas «la libertad de movimiento, la expresión cultural» y el idioma propio de los cetáceos, así como sus derechos a un medio ambiente saludable, océanos limpios y la «restauración de sus poblaciones».

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Nadie en el Pacífico se lo está tomando como una excentricidad. La pesca de estos grandes mamíferos todavía es una práctica cotidiana en Noruega o de parte de la flota japonesa, que la reimplantó en 2018 tras casi tres décadas sometida a una moratoria, aunque significativamente ninguna de sus poblaciones es una gran consumidora de su carne.

Pero más allá de la necesidad de un escudo frente a la depredación comercial y del riesgo vinculado al calentamiento de los mares, la ballena se trata de un animal con características peculiarmente espirituales para los maoríes. Tiene un aura sagrada. Condujo a los primeros moradores por los mares hasta tocar tierra. «El sonido del canto de nuestros ancestros se ha debilitado, y su hábitat está amenazado, por lo cual debemos actuar ya», ha declarado el rey Tuheitia de modo solemne ante una comunidad que quiere presionar así a los gobiernos de las Islas Cook, Tahití, Tonga y, especialmente, Nueva Zelanda por su mayor peso internacional y simbólico.

Los grupos ecologistas afirman que se juega mucho en este asunto. Si las ballenas fueran declaradas «personas jurídicas», los conservacionistas sostienen que se allanará el camino para que otros países adopten el mismo tipo de fórmulas y pueda reforzarse la protección efectiva de los cetáceos.

La declaración de personalidad jurídica establece una serie de deberes y derechos sobre quien recae, aunque lo habitual es que se trate de individuos, sociedades, organismos o proyectos empresariales, no la fauna. No obstante, los indígenas del Pacífico tienen experiencia en estos asuntos: Nueva Zelanda declaró en 2014 a una cordillera como el primer ecosistema sujeto a las normas de la personalidad jurídica, tres años más tarde otorgó el mismo rango por ley al río Whanganui y en 2018 se lo confirió a un antiguo volcán.

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El Whanganui es el tercer río más largo del país y también resulta un lugar sagrado para los nativos. La comunidad cree que sus antepasados habitan en el medio natural y en esta arteria fluvial en particular, que les ha alimentado y permitido construir poblados al abrigo de sus orillas. La creencia viene de muy antiguo. Los maoríes llevaban 160 años de lucha persiguiendo la protección del cauce antes de que el Gobierno promulgara la ley, por lo que ésta ha quedado como uno de los grandes hitos administrativos de la historia neozelandesa.

Quizás bajo la mirada occidental esta peculiar normativa pueda considerarse como una anécdota propia de guías turísticas. Sin embargo, es ajena a la extravagancia. Dotar de personalidad jurídica al río permite que las poblaciones que viven de él o junto a él puedan demandar a cualquiera –particular, autoridad o empresa– que lo contamine, modifique su curso o cause cualquier otro daño. Trasladado al mundo de las ballenas, los conservacionistas afirman que constituiría una fórmula magistral para aumentar la protección de los océanos y la creación de grandes reservas de cetáceos, «puesto que nadie podría entrar a cazarlos o, simplemente, contaminar las aguas territoriales de los países que aplicasen la norma bajo la amenaza de que cualquiera pudiera demandarles».

La búsqueda de instrumentos legales para proteger a los reyes de los mares ha generado largos debates durante este siglo. En 2012, un numeroso grupo de reconocidos científicos, conservacionistas e incluso filósofos ya trató de impulsar la denominada 'Declaración de los derechos de los cetáceos' durante una conferencia internacional en Canadá. El argumento era que los delfines y las ballenas poseen la suficiente inteligencia y sensibilidad como para tratarles con la misma ética que a las personas.

La iniciativa fracasó. Del mismo modo que, dos años más tarde, un tribunal de Nueva York dictaminó que los simios tampoco tienen derechos humanos porque carecen de responsabilidades sociales y no asumen obligaciones legales. La decisión se produjo después de que varias organizaciones ecologistas se unieran y solicitasen la libertad de 'Tommy', un chimpancé que vivía dentro de su jaula en una residencia privada de Albany.

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El caso adquirió todo el aspecto de una cruzada y acabó convertido en una causa con tres años consecutivos de batallas judiciales sobre los derechos de los animales y sus capacidades naturales. 'Tommy', al final, no salió de su jaula. Tampoco logró el estatus de persona, a pesar de que su propietario declaró que estaba muy bien cuidado, salía de la jaula cuando quería y tenía televisión por cable.