Fujimori reclama chófer, guardaespaldas y 4.000 euros de pensión

Perú, que sigue pendiente del origen de la colección de relojes de lujo y joyas de su actual presidenta, Dina Boluarte, asiste al regreso mediático de Fujimori. Fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por delitos contra los derechos humanos y corrupción: en diciembre de 1991, en la llamada masacre de Barrios Altos, fueron asesinadas quince personas, y en julio de 1992 acabaron muertos nueve alumnos y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta). Estas acciones son obra del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte montado por las fuerzas armadas de Fujimori. Hay más: en una supuesta campaña de lucha contra la pobreza, el Gobierno del 'chino' sometió a 300.000 peruanas a un proceso de esterilización forzada en la década de 1990.

Y más: mantiene una deuda con el Estado por reparación civil de más de 14 millones de euros por, entre otros motivos, ocupar de forma irregular la vivienda de uno de sus antiguos asesores, Vladimiro Montesinos, y por la compra fraudulenta de Cable Canal. Tras cumplir 16 años de condena, el Tribunal Constitucional validó el indulto presidencial que le habían otorgado en 2017 y, por motivos de salud, le concedió la libertad a finales de 2023. A partir de ese momento, su estado físico ha mejorado claramente. Ya no se le ve junto a una bombona de oxígeno. Su imagen ahora corre por las redes digitales, por TikTok. Lanza mensajes con los que trata de lavar su memoria. Dice que nunca fue un asesino y que cumplió la misión de acabar con el terrorismo.

Por eso, apenas mes y medio después de abandonar el presidio solicitó al Congreso fondos para la contratación de un asistente personal. Eso fue en enero; en marzo pidió al Parlamento vales para combustible . Y ya en abril, en otra comunicación al Congreso, reclamó una pensión mensual de casi cuatro mil euros al mes. El sueldo de un congresista. La lista de solicitudes se ha cerrado por ahora con la petición de un guardaespaldas.

La congresista Sigrid Bazán, que encabezó una iniciativa contraria a la excarcelación de Fujimori, rechaza otorgar ahora al expresidente los privilegios que exige: «El indulto no elimina su condena por corrupto y asesino, sólo deja sin aplicación la pena impuesta. No le corresponde nada. Ni pensión, ni asistentes, ni combustible». El abogado del expresidente, Elio Riera, defiende que todo lo que pide «está amparado por la ley y que si está permitido no es ilegal». Además, asegura que ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre la deuda que tiene con el Estado.

Perú no se despega de la estela de la familia Fujimori -su hija Keiko ha tratado en tres ocasiones alcanzar la presidencia del país-. Tampoco sale de un ambiente político convertido en una ciénaga. En treinta años ha habido doce presidentes. De ellos, nueve están o han estado implicados en procesos judiciales. En abril de 2019, Alan García se pegó un tiro en la cabeza justo antes de ser detenido. Había dirigido el país en dos períodos, 1985-1990 y 2006-2011 y la justicia iba a procesarle por supuesto blanqueo de dinero procedente de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Antes de suicidarse dejó una carta en la que juró: «Otros se venden, yo no». Tres presidentes peruanos más se han visto implicados por favorecer contratos de obras públicas con la empresa Odebrecht.

Desde diciembre de 2022 dirige el país Dina Boluarte, la primera mujer que alcanza la presidencia. Su política represiva ha puesto a la mayor parte de la población en su contra. Durante el pasado mes de marzo, la Fiscalía inició una investigación contra ella por presunto enriquecimiento ilícito. Había aparecido en varios actos públicos con joyas y relojes de lujo que estaban por encima de su poder adquisitivo. La policía registró su domicilio y se incautó de tres Rolex.

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La rueda no para. El abogado que defiende a la presidenta en este caso, Mateo Castañeda, y el hermano mayor de Boluarte, Nicanor, fueron detenidos a principios de mayo por su presunta implicación en una trama que conseguía trabajos en la Administración a cambio de dinero. «Soy un daño colateral de una pelea por el poder», dijo Mateo Castañeda Segovia antes de ser trasladado a los calabozos de la Prefectura de Lima. Los investigadores consideran que es el brazo legal de una mafia encabezada por Nicanor Boluarte.

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Una encuesta encargada por el diario 'El Comercio' confirma que la imagen pública de Boluarte se ha desplomado: apenas el 5% de los peruanos aprueban su gestión. Es la jefa de Estado del país andino con menor respaldo desde que se tienen registros. El reloj de arena de la política peruana sigue desgranando casos de corrupción. Mientras, Fujimori reclama su jugosa pensión.