Los ultras amenazan a bufetes de abogados y agencias de inmigración en el Reino Unido

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La siguiente escala, este miércoles, tiene como objetivo múltiples localizaciones. Serán 39 ciudades y distritos de Londres, en los que el movimiento promovido por redes de extremistas violentos quiere atacar centros de asistencia a inmigrantes, oficinas de información que les asesoran y despachos de abogados que representan sus intereses. Los convocantes habrían publicado la larga lista e información sobre la dirección postal de esos puntos, utilizando un grupo a través de Telegram compuesto por unas 13.000 personas. En sus recientes conversaciones, entre otros asuntos, se ocupaban de expulsar de sus filas a quien no fuera de piel blanca. Según los investigadores de Red Flare, especulan también con matar a inmigrantes.

Los participantes habrían compartido informaciones para la fabricación de cócteles incendiarios y otro medios de provocar incendios. La dimensión del grupo parece inusual en el mapa de las organizaciones que convocan los desórdenes y que son el resultado de múltiples escisiones de las formaciones de extrema derecha, como el Frente Nacional o el Partido Nacional Británico.

Nick Emmerson, presidente de la Law Society, que representa los intereses de los abogados de Inglaterra y Gales, ha reconocido que están «seriamente preocupados por su seguridad y bienestar tras la publicación de nombres y direcciones de un número de firmas de abogados y agencias de asesoramiento en una lista de objetivos para más protesta y violencia esta semana». Emmerson escribió al primer ministro y a las titulares de Justicia y de Interior para pedirles que tomen las amenazas con la «máxima seriedad». Al Gobierno no le hacen falta recomendaciones sobre lo que está ocurriendo. El director de la Fiscalía del Estado, Stephen Parkinson, contempla la posibilidad de acusar de terrorismo a individuos que incitaron u organizaron los desórdenes.

La ley del año 2000 contempla la posibilidad de condenas por terrorismo sin haber ejecutado un acto violento del tipo que suele entenderse como terrorista. Incluye en la norma a los responsables de lo ocurrido. Parkinson ha advertido también, en una entrevista con la BBC, que los delitos de los más de 370 detenidos pueden ser castigados con una pena de cinco años por desórdenes violentos y de diez por participar en un motín.

El fiscal dejó caer que hay alguna persona cuyas actividades podrían justificar un cargo de terrorismo. Tommy Robinson parece un candidato posible. Abrigado por el principio de «absoluta libertad de expresión» de Elon Musk, patrón de X (antes Twitter), es acusado de haber incitado los disturbios en su discurso a una gran concentración de sus seguidores, en Trafalgar Square, el 27 de julio. Tiene más de 900.000 en esa red, y será arrestado en octubre por incumplimiento de una orden judicial, si regresa de alguno de sus refugios: antes era el sur España y ahora Chipre.

La ministra de Justicia, Heidi Alexander, ha calificado como «deplorable» la afirmación realizada por Musk de que el Reino Unido se encamina hacia una guerra civil, después de que Keir Starmer afirmase que «la ley se aplica también en las redes».

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Tras un fin de semana terrible, la intensidad de los altercados se redujo el lunes. En Birmingham, rumores en las redes sobre un acoso de los antiinmigrantes provocaron la presencia de unos doscientos jóvenes musulmanes, supuestamente para defender la zona. En lugar de eso, individuos del grupo cometieron delitos que la Policía investiga. En Plymouth hubo más gente congregada en el grupo a favor de los extranjeros que en el racista.