Macron plantea responsabilizar de los daños a los padres de los menores detenidos

El 27 de junio un agente mató en Nanterre de un disparo a Nahel, un francés de origen argelino, tras saltarse un control policial. Su muerte provocó una ola de indignación en todo el país, especialmente en los barrios conflictivos de la periferia con una fuerte inmigración. Desencadenó también fuertes disturbios, saqueos, enfrentamientos de jóvenes con las fuerzas de seguridad e incluso ataques a edificios públicos y a alcaldes en todo el país.

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Pese a que las dos últimas noches fueron más tranquilas que las anteriores, Macron no cantó victoria. «¿La vuelta a la calma es duradera? Seré prudente, pero ya hemos pasado el pico que hemos conocido estos días», consideró el jefe de Estado. «Veremos el 13 o 14 de julio (día de la Fiesta Nacional) o en los próximos meses», manifestó el lunes por la noche cuando, por sorpresa, visitó un cuartel de la Policía de París para mostrarles su apoyo.

El presidente prometió a los alcaldes ayuda financiera del Estado para reparar los destrozos causados en sus localidades por la ola de violencia. Macron anunció que el Gobierno prepara una ley de emergencia «para reconstruir mucho más rápido».

«Los incidentes de los últimos días son inaceptables», dijo la primera ministra, Élisabeth Borne, en un encendido debate sobre la violencia urbana en la Asamblea Nacional, la Cámara baja del Parlamento. «No tiene nada que ver con una revuelta de (los barrios conflictivos) de la periferia», insistió. «Nuestra prioridad es garantizar el regreso a la calma y la seguridad de todos los franceses», reiteró Borne, que al igual que Macron considera que es necesaria «una reflexión sobre las causas profundas de esta situación» para tomar medidas que puedan evitar que algo así vuelva a producirse.

La derecha y la extrema derecha aprovecharon la ocasión para vincular disturbios y población llegada de otros países. El ultraderechista Jordan Bardella, presidente de Reagrupación Nacional y mano derecha de Marine Le Pen, aseguró que «la inmigración es una de las explicaciones de la crisis que vivimos» y exigió «la expulsión sistemática de los delincuentes y criminales extranjeros y una moratoria sobre la llegada de extranjeros».

Éric Ciotti, presidente de Los Republicanos (derecha moderada), reclamó la retirada de las prestaciones a las familias de aquellos menores que han participado en los disturbios. La edad media de los arrestados es de 17 años, pero hay niños de 12.

El ministro del Interior, Gérard Darmanin, pidió a los diputados conservadores y ultranacionalistas que «no confundan» los debates. «Menos del 10% de los 4.000 detenidos son extranjeros», precisó Darmanin, quien consideró «la cuestión hoy es la de los delincuentes jóvenes, no la de los inmigrantes».

«¿Cómo un joven de 17 años puede ser asesinado por un policía en la República Francesa?», preguntó en el hemiciclo la diputada Mathilde Panot, jefa del grupo de La Francia Insumisa, el partido izquierdista de Jean-Luc Mélenchon. «Ni las detenciones ni la represión podrán secar la sed de justicia de la juventud. Sólo una respuesta política puede calmar el país. El regreso a la calma no se decreta, se construye», añadió la combativa diputada izquierdista.

Desde que comenzaron los disturbios hace seis días, 3.625 personas han sido detenidas (1.124 son menores) y, de ellas, 990 han pasado a disposición judicial y 480 han sido llevadas a comparecencias inmediatas. Además, 808 policías, gendarmes y bomberos han resultado heridos; 12.202 vehículos incendiados; 1.105 edificios quemados o dañados; y 209 comisarías y gendarmerías atacadas. La patronal estima en 1.000 millones de euros las pérdidas para las empresas.