Los lores apoyan el plan de Sunak para deportar ilegales a Ruanda

Se tramitaba el proyecto de ley en la fase de 'segunda lectura', con unos sesenta lores elegidos para participar en el debate y una votación posterior sobre la moción presentada por el liberal demócrata lord German, en la que proponía que la Cámara no aprobase el proyecto de ley, impidiendo así la posterior fase de debate y votación de enmiendas.

El proyecto de ley ya fue aprobado por la cámara del Parlamento elegida por sufragio, la de los comunes. Y la dinámica en los lores es la misma. Los escaños laboristas son críticos del proyecto de ley y del plan de deportaciones, pero no se aliaron con los rebeldes conservadores para derrotar a Sunak a costa de parecer ante el público como una fuerza oportunista sobre la inmigración irregular.

Lord Cauker, el líder de los laboristas en los lores, repitió la conducta. Criticó los planes del Gobierno, pero animó a votar en contra de la moción tajante de German, que de ganar habría creado un conflicto entre las dos cámaras, a pesar de que los lores pueden inicialmente derrotar o enmendar un proyecto de ley que no se haya prometido en el programa electoral del Gobierno.

Lord Butler, que fue el principal secretario de Margaret Thatcher y se sienta en los escaños de los independientes, subrayó que el resultado de la votación de los comunes -una amplia mayoría y el rechazo de todas las enmiendas- equivale de hecho a esa Convención de Salisbury que niega a los lores, no elegidos sino designados, el derecho a inmiscuirse en lo que ha votado la mayoría de la población.

Confusiones

Sorprendió el número de conservadores que se expresaron contra el Gobierno en la tramitación del proyecto de ley, al que unas horas antes se había opuesto también en la propia cámara el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual de la Iglesia anglicana. El exministro 'tory' Kenneth Clarke afirmó por su parte que apoya el principio de las deportaciones, pero considera una peligrosa violación constitucional que el Gobierno decida que Ruanda es un país seguro cuando el Tribunal Supremo afirmó en noviembre que no lo es.

El financiero Andrew Sharpe, barón de Epsom, defendió al Gobierno insistiendo en que está trabajando con las autoridades de Kigali para asegurar que los deportados serán tratados cumpliendo los principios de la ley internacional. Douglas Hogg, veterano conservador, aseguró por su parte que no cree en la capacidad de disuasión que las deportaciones a Ruanda tendrían para los inmigrantes que llegan en botes.

La noticia de que cuatro ruandeses opuestos al régimen del presidente Paul Kagame han recibido asilo del Gobierno británico ha añadido confusión lógica a un programa repleto de tropiezos. Lord Sharpe, portavoz de Interior, prometió informarse cuando, tras argumentar que la transmisión de datos sobre los deportados entre los dos gobiernos facilitará el buen trato, le recordaron que tal intercambio es ilegal según una previa ley de inmigración.

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Las autoridades de Reino Unido han situado en más de un millar la cifra de migrantes que han llegado al país en lo que va de año tras cruzar el canal de la Mancha, de los cuales más de trescientos han realizado esta travesía durante el último fin de semana.