Hungría se une a Países Bajos y pide a la UE salir de la política común de asilo

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Países Bajos impone una crisis de asilo y pide su exclusión de la política migratoria de la UE

El Pacto de Migración y Asilo aprobado en abril por la Eurocámara establece una estrategia común dentro de la UE para hacer frente al desafío migratorio. Es uno de los asuntos que más preocupa a los socios comunitarios y la última muestra la daba Alemania hace unos días al restablecer los controles en todas sus fronteras nacionales. En Países Bajos sostienen que «tenemos que volver a ocuparnos de nuestra propia política de asilo» y entre las medidas que barajan para ello aparecen la declaración de emergencia en esta materia y la suspensión temporal de la Ley de Extranjería. La inmigración fue uno de los temas claves durante la campaña para las elecciones neerlandesas que ganó el ultraderechista Partido de la Libertad a finales de 2023. «Un nuevo viento sopla», aseguró su líder, Geert Wilders, al trascender la carta enviada a Bruselas.

En la Comisión Europea ya han advertido a Países Bajos de que el pacto migratorio no contempla excepciones. Las exenciones de la aplicación de legislación europea, sea cual sea, obligan a modificar los tratados de la UE, recordó la portavoz comunitaria para Migración, Anitta Hipper. «No esperamos cambios inmediatos en las reglas», concluyó. El «mini Nexit», como llamó Wilders al abandono de la política común en migración y asilo, no parece por ahora posible. Eso, sin embargo, no ha desanimado a Hungría, que este jueves ha comunicado que seguirá los pasos de los neerlandeses.

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El ultranacionalista Viktor Orbán, primer ministro magiar, fue uno de los principales obstáculos durante la larga negociación del pacto migratorio y sus discrepancias con las posiciones de la Comisión Europea en este debate son de sobra conocidas. No extraña por ello que al conocerse la petición de Países Bajos le diera su absoluto apoyo: «¡Por fin un gobierno valiente! ¿Dónde puede firmar Hungría?». Budapest reclama desde hace tiempo un mayor control de las fronteras exteriores con la seguridad como argumento y sus decisiones arbitrarias en ese sentido le han valido más de un castigo. El Tribunal de Justicia de la UE multó en junio con 200 millones de euros -y otro millón por cada día de retrasos en su pago- al Ejecutivo húngaro por violar los derechos de los demandantes de asilo.