António Costa, primer ministro de Portugal, dimite al ser investigado por corrupción

Durante la operación judicial, desarrollada por la mañana en Lisboa, fue registrada la residencia oficial del primer ministro y acabaron detenidos su jefe de gabinete y un empresario. A primera hora de la tarde, Costa presentó la renuncia a su cargo ante el presidente. No le quedaba otra salida al dirigente socialista. El Tribunal Supremo, en una investigación paralela, trataba de esclarecer su papel en la concesión de dos explotaciones de litio en Covas do Barroso y Montealegre, y de un proyecto de producción de hidrógeno verde en Sines. «Me voy con la conciencia tranquila», aseguró Costa, primer ministro desde 2015. Portugal abre un crisis política y se dirige hacia unos nuevos comicios.

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«Las funciones de primer ministro no son compatibles con ninguna sospecha sobre mi integridad. En estas circunstancias presenté mi renuncia al presidente de la República, quien ahora deberá aceptarla formalmente», declaró el político portugués. Marcelo Rebelo de Sousa aceptó la dimisión.

António Luis Santos da Costa, de 62 años, es una referencia para el socialismo europeo. Jurista de formación, fue alcalde de Lisboa entre 2007 y 2015, año en el que asumió el cargo de primer ministro. Desde 2014 es secretario general del Partido Socialista luso y se había convertido en uno de los pesos pesados de su corriente política en la Unión Europea.

Su figura comenzó a derrumbarse cuando la Policía detuvo en la mañana de este martes a dos personas con las que está muy relacionado: su jefe de Gabinete, Vítor Escária, y el empresario Diogo Lacerda Machado, amigo del primer ministro y a quien Costa había encargado la nacionalización de la aerolínea lusa TAP. En aquel proceso de privatización de la compañía portuguesa también se detectaron irregularidades que salpicaron a varios ministros del Ejecutivo socialista. Hubo dimisiones.

Según fuentes judiciales, los dos arrestos realizados este martes estuvieron motivados porque había riesgo de fuga y de «continuación de la actividad delictiva». Los investigadores buscan datos para comprobar si se han cometido los delitos de prevaricación, corrupción y tráfico de influencias. Tras estas dos detenciones, la Fiscalía desveló que también seguía la pista de Costa. En algún momento de la investigación, «los sospechosos citaron el nombre y la autoridad del primer ministro», afirmó el fiscal en un comunicado. António Costa es sospechoso de haber intervenido «para desbloquear procedimientos». Sonaba como una sentencia.

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La operación judicial incluyó el registro de su residencia oficial, el Palacio de Sao Bento, ante la cual se arremolinaron los medios de comunicación y un puñado de lisboetas y turistas curiosos. Además, los investigadores efectuaron otros 41 registros, incluidas las sedes de los ministerios de Infraestructuras y de Medio Ambiente, la Cámara Municipal de Sines, varios organismos públicos, 17 domicilios y cinco despachos de abogados.

Han sido citados a declarar ante la Procuradoría General de la República el ministro de Infraestructuras, Joao Galamba, y el presidente del consejo directivo de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA). Este organismo anunció a principios de septiembre que había dado el visto bueno a un segundo proyecto en el país para la extracción de litio, metal utilizado para la fabricación de baterías y vital en la transición energética. La lista de afectados no termina ahí: fue detenido el alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, y dos empresarios de la empresa Start Campus, responsable del proyecto tecnológico que se va a poner en marcha en esa localidad del sur del país.

Portugal es el principal productor europeo de litio. Dispone de muchas reservas de este metal que, hasta ahora, se empleaba sobre todo en la industria cerámica y la producción de cristal. Los planes mineros para extraerlo tienen la oposición de grupos ecologistas y también de parte de la población. Costa logró el pasado 30 de enero de 2022 la mayoría absoluta en las elecciones generales y se garantizó así, al menos en teoría, la estabilidad de su Gobierno y la viabilidad de sus proyectos. En la práctica, todo se ha venido abajo en un santiamén.

El escándalo por las concesiones se convirtió este martes en un tsunami político. Costa tachó todos los actos de su agenda del día y se citó con el presidente de la República en el Palacio de Belém. Marcelo Rebelo de Sousa escuchó luego a la fiscal general, Lucília Gago. Los acontecimientos se precipitaron. Costa fue requerido de nuevo en el palacio presidencial. Su cabeza comenzaba a rodar. La dimisión no tardó en llegar.

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No obstante, defendió en todo momento su inocencia. Desde el Palacio de Sao Bento, sede de la Asamblea portuguesa, Costa se dirigió a la opinión pública para mostrar la «sorpresa» que sintió cuando la Fiscalía le incluyó en esta investigación. «Cierro una etapa con la conciencia limpia», insistió antes de anunciar que colaborará con la Justicia «en todo lo que entienda necesario». Ante las preguntas de los medios en relación a su futuro político, Costa dejó claro que no se presentará a las próximas elecciones.

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«Por lo que sé, no estoy acusado ni sé qué hechos me atribuyen», señaló el ya exprimer ministro luso. Su renuncia, argumentó, busca proteger el prestigio de las instituciones. Por, eso asegura que presentó su dimisión, para que los ciudadanos tengan «total confianza» en quien ejerce como primer ministro. Costa reiteró que este cargo es «incompatible» con cualquier tipo de sospecha acerca de su honorabilidad, y quiso dejar claro que se marcha sin cargo de conciencia alguno. El viaje de quien ha sido uno de los dirigentes más carismáticos de Europa parece haber llegado aquí a su final político