La Justicia francesa entierra las aspiraciones presidenciales de Marine Le Pen al inhabilitarla cinco años

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Las ambiciones electorales de Le Pen, de 56 años, se ven prácticamente frustradas debido a la malversación de más de 4,5 millones de euros del Parlamento Europeo. Entre 2004 y 2016, la dirección lepenista pagó a trabajadores de la formación en París con recursos que debía destinar a sus asistentes en Bruselas o Estrasburgo. Los magistrados describieron este funcionamiento como «sistemático». La líder ultra, y tres veces candidata al Elíseo (2012, 2017 y 2022), fue «declarada culpable por el desvío de fondos públicos». La magistrada Bénédicte de Perthuis le exigió, además, el pago de una multa de 100.000 euros.

«Ha quedado demostrado que Catherine Griset (una de las asistentes entonces de Le Pen) solo fue de manera puntual a Bruselas» y que «no trabajaba como asistenta» en la Eurocámara, indicó la jueza. Un 'modus operandi' que siguieron otros representantes lepenistas. Hasta ocho eurodiputados y doce asistentes fueron condenados, aparte de la número uno de la formación. «No hubo enriquecimiento personal, pero sí que se produjo un enriquecimiento del partido», añadió la magistrada sobre un sistema que fue impulsado por el padre de la líder ultra y fundador de Agrupación Nacional, Jean-Marie Le Pen, fallecido en enero, y que continuó la hija cuando asumió las riendas en 2011.

«Los políticos, como el resto de los ciudadanos, no pueden beneficiarse de un régimen demasiado favorable», defendió la Corte para justificar la aplicación inmediata de la pena. La consideraron necesaria para evitar «una posible reincidencia», además de no dejar impunes unos hechos que se produjeron entre 2004 y 2016. «Hemos valorado el riesgo de que personas inhabilitadas se presentaran a unas elecciones y salieran elegidas», añadió la magistrada.La lectura del veredicto duró más de dos horas debido a la complejidad del caso y al elevado número de acusados (25).

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Tras el juicio celebrado el pasado otoño y los débiles argumentos aportados por la defensa, el suspense no residía en el carácter condenatorio del fallo, sino en su aplicación inmediata o no. Después de que los jueces se pronunciaran a favor de esta opción, Le Pen se levantó de su silla y se fue de la sala sin esperar al final de la audiencia. Uno de sus abogados anunció que recurrirán la resolución.

La sentencia no priva a la líder ultra de su actual mandato como diputada, pero le impide presentarse a las próximas presidenciales. Los sondeos le daban más del 30% de los votos de cara a la primera vuelta. Tampoco podría participar en unas hipotéticas elecciones legislativas anticipadas.

Tras el fallo judicial, la extrema derecha gala se adentra en un momento de incertidumbre. Para cualquier partido siempre resulta un revés que su principal referente quede inhabilitado. En el caso de Agrupación Nacional se trata de un problema mayor al tratarse de una estructura muy vertical, dominada desde su fundación en 1972 por el clan familiar de los Le Pen. La Corte impuso, asimismo, una multa de dos millones a la formación, de los cuales deberá pagar obligatoriamente la mitad.

La mayoría del resto de acusados –un total de 24– fue condenada. Entre ellos hay varios representantes mediáticos, por ejemplo, el diputado Julien Odoul o el alcalde de Perpiñán, Louis Aliot, cuyo castigo fue más leve y no fue apartado de las elecciones municipales del año que viene. Las penas oscilan entre tres y cinco años de prisión para los ocho principales implicados en esta trama, pero solo se aplican de manera inmediata las inhabilitaciones y ninguno de ellos será encarcelado. Cuando la sentencia sea firme podrán cumplirla a través de un control a distancia, con un brazalete electrónico.

Con esta sentencia, «la democracia francesa ha sido ejecutada», reaccionó Jordan Bardella, número dos del lepenismo, en la red social X. Los dirigentes de Agrupación Nacional ya habían puesto en duda el sistema judicial en las últimas semanas ante una eventual condena como la que se produjo finalmente. Las críticas al veredicto se escucharon más allá de la ultraderecha y fueron compartidas por representantes de otras formaciones, como la derecha tradicional de Los Republicanos o la Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos). «La decisión de destituir a un político debería pertenecer al pueblo», defendió el insumiso Jean-Luc Mélenchon. Por su parte, el primer ministro, François Bayrou, dijo estar «preocupado» por el fallo aunque no quiso profundizar en ello.

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El duro castigo judicial corre el riesgo de favorecer la victimización de la derecha radical en Francia. Desde Donald Trump en Estados Unidos hasta el ultranacionalista Calin Georgescu en Rumanía ya habían hecho gala de esta retórica en los últimos meses. Las consecuencias de la sentencia resultan ahora imprevisibles, tanto en el plano electoral como en el respeto de un cuestionado Estado de derecho. Y sin olvidar el posible impacto en una muy fragmentada Asamblea Nacional, donde la continuidad del Gobierno de François Bayrou depende de dos actores imprevisibles: el Partido Socialista y la extrema derecha. Los jueces han agitado el avispero político galo.