La esclavitud no ha terminado

Detrás de la cresta que domina el arenal se levanta el fuerte Ussher, un vestigio de la época colonial y de esos cuatro siglos de esclavismo que arrancaron de África a 12 millones de personas. De Jamestown se supone que salieron en 1619 los primeros esclavos rumbo a América y Europa, embarcados en buques con pabellón portugués. No es el único: por toda la costa del Golfo de Guinea se suceden esos monumentos a la infamia donde comerciantes sin escrúpulos reunían a los esclavos. Christianborg -que llegó a ser sede del gobierno de Ghana cuando el país se sacudió el yugo colonial en 1957-, Elmina -que unía a su atractivo el de contar con minas de oro-; Ouidah, en la vecina Benín, donde fueron encadenados por centenares de miles; la isla de Gore, en Senegal, el Pointe Noire, en Brazaville, Luanda en Angola o Zanzíbar en Tanzania, donde tomaban rumbo a Asia. Un negocio que ya existía antes de la llegada de los blancos, alimentado por reyezuelos locales como los de Dahomey, encantados de librarse de las tribus rivales y más aún de obtener un beneficio a cambio.

Una práctica que siguió hasta que en el siglo XIX triunfaron las ideas de Adam Smith, a quien no le guiaban precisamente motivos altruistas sino el convencimiento de que «la productividad del esclavo era necesariamente baja en la medida en que no tiene ningún incentivo para ir más allá de lo necesario». La misma tesis que, dos siglos más tarde, defendería Ulrike Hermann en su libro 'El fin del capitalismo', porque, por paradójico que resulte, decía, la explotación no genera riqueza. Los gobiernos cambiaron el paso y rechazaron lo que antes habían abrazado, también esta vez por interés antes que por vergüenza, abriendo un nuevo orden mundial. Pero, ¿realmente eso significó el fin de la esclavitud?

El año pasado itineró por distintas localizaciones de España la exposición 'El Gran Experimento', un trabajo del fotógrafo Miguel Ángel García cuyo cartel mostraba una curiosa analogía: la planta de un buque negrero, con los esclavos dispuestos en orden para aprovechar todo el espacio de las bodegas, enfrentada a la de una patera repleta de un amasijo de seres humanos. Una pertenecía al siglo XVIII, la otra al XXI. Los primeros, secuestrados para servir de mano de obra previa venta; los segundos, marchando por su propio pie -y pagando por ello- hacia un futuro incierto marcado por la violencia, la inseguridad jurídica y la clandestinidad, siempre a merced de las mafias de la trata.

Según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional de Migraciones y la ONG Walk Free, esta lacra está muy lejos de haber desaparecido. «Cincuenta millones personas son víctimas de la esclavitud moderna, ya sea porque son obligadas a trabajar o a vivir en un matrimonio servil, sin su consentimiento». Una realidad que, lejos de contenerse, avanza a pasos agigantados. Lo corrobora el Foro Económico Mundial (WEF), que habla de un aumento del 20% en apenas cinco años y pone el acento en que casi la mitad de estas personas están «sometidas a trabajos forzados por empresas privadas en operaciones internacionales y cadenas de suministro».

El estudio 'Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna', hecho público en la última Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, advierte de que «la retención sistemática y deliberada del salario, utilizada por los empleadores abusivos para obligar a los trabajadores a permanecer en un puesto de trabajo por miedo a perder los ingresos acumulados, es la forma más común de coacción». Los servicios, la industria, la construcción, la agricultura y el trabajo doméstico son sus principales nichos de actuación.

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Pero sus conclusiones van más allá. La OIT alerta de que es precisamente «en los países de ingresos medios y altos donde se concentra más de la mitad del trabajo forzoso» y en esta línea Walk Free sostiene que sólo los miembros del G20 importan cada año 468.000 millones de dólares en productos cuya elaboración remite a estas prácticas abusivas. Un conglomerado de países, subrayan las mismas fuentes, que representa el 85% del PIB mundial. Revelaciones todas ellas difíciles de digerir, como que el 14% de estas prácticas comprometen a los propios Estados.

El WEF calcula que la trata de personas que resulta en esclavitud moderna es uno de los negocios ilícitos más lucrativos del planeta, con unas ganancias anuales estimadas de 225.000 millones de euros. «Los traficantes se han aprovechado plenamente de la globalización, al someter a millones de hombres, mujeres y niños a la fabricación de bienes y componentes que abastecen las cadenas de suministro mundiales, mientras que los migrantes y refugiados son engañados y sujetos a explotación laboral o sexual a través de las fronteras. La movilidad mundial del capital y la tecnología facilita el lavado de dinero proveniente de este despreciable negocio, y los traficantes se sirven de internet para estimular tanto su oferta como la demanda de la esclavitud moderna».

La ONU trata de poner en guardia a los gobiernos, aunque con escaso éxito. Amenazas, violencia, abusos de poder o engaños son las cuatro patas de un fenómeno que tiene a sus víctimas más vulnerables en Eritrea (93 esclavos por cada 1.000 habitantes), Burundi (40), República Centroafricana (23) o Mauritania (32). Eso en África, porque todavía hay países que superan esa estadística fuera: en Corea del Norte esa cifra asciende a 105 y en Afganistán a 22. ¿Demasiado lejos? No tanto. Según datos de Walk Free, en España esa cifra sería de 2,3 por cada mil habitantes, aunque el Global Slavery Index eleva esa cifra a 105 víctimas. Víctimas de la trata con fines de prostitución, migrantes a los que han retenido los papeles, empleadas del servicio doméstico... Suma y sigue.

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Porque la inmigración ilegal es hoy en día el combustible que alimenta la esclavitud. Según informes de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), el número de cruces ilegales de las fronteras exteriores sólo de la UE ascendió el año pasado a 380.000. Una afluencia que ha generado a su alrededor toda una industria relacionada con la trata de seres humanos, la falsificación de documentos o el contrabando de mercancías y armas. Y eso que de los 8,4 millones de migrantes de África Occidental, menos del 10 % tiene por destino Europa, aclaran desde el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo.

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Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 8.500 personas perdieron la vida el año pasado -el más mortífero desde que se recopilan registros- mientras realizaban una ruta migratoria, más de la mitad de ellos ahogados. 3.997 de ellos a las puertas de Europa, 3.041 en el arco mediterráneo, 1.413 intentando entrar a España, 956 en Canarias... Todos en busca de un futuro mejor y a quienes el destino no les dio ni la oportunidad de intentarlo.