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Mercedes Gallego
Corresponsal. Nueva York
Martes, 18 de marzo 2025, 06:50
El juez jefe de distrito de Washington DC, James Boasberg, no estaba el lunes contento. El sábado el Gobierno de Trump ignoró su orden cautelar ... de frenar las deportaciones expeditas de presuntos miembros de una banda venezolana y devolverlos a suelo estadounidense. Dos días después, el Departamento de Justicia intentó, primero, retrasar la vista oral en la que el magistrado le pedía explicaciones. Luego, pidió a un tribunal superior que le relevase del caso. Y cuando el abogado Abhishek Kambli no tuvo más remedio que presentarse ante él, se negó a responder a sus preguntas alegando un conflicto de «seguridad nacional».
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En la tensa audiencia que pone al país más cerca que nunca de una crisis constitucional, el juez resumió la actitud del Gobierno ante su orden como «no me importa, haré lo que me de la gana». Kambli, un abogado constitucionalista del Departamento de Justicia apadrinado por la Federalist Society, que hace de cantera para los gobiernos conservadores, argumentaba que la administración de Donald Trump cumplió con su orden escrita, en la que, a diferencia de la oral, no se hablaba de hacer regresar a los que ya habían sido deportados. Según el gobierno, los tres aviones que llegaron el domingo a El Salvador con 238 presuntos pandilleros habían salido ya de EE UU cuando la orden del magistrado se registró en los tribunales. Sin embargo, se negó a dar datos exactos sobre la salida de estos vuelos.
El abogado del Gobierno insistió en que lo único que estaba «autorizado» a decir es que el gobierno no había violado su orden. Irritado, el juez le pidió que al menos confirmase la información publicada en la prensa de que los vuelos habían partido de la ciudad texana de Harlingen, pero Kambli se atrincheró en su respuesta de no estar autorizado, sin contestar a las preguntas del magistrado.
Pese a la frustración, el magistrado ha dado al Gobierno la oportunidad de responder las preguntas por escrito antes del mediodía de este martes. Boasberg sostiene que aún tiene jurisdicción sobre los emigrantes deportados al amparo de la ley de 1798, a pesar de que se encuentran ahora en un centro antiterrorista de El Salvador. «Huy, demasiado tarde», publicó irónico el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que añadió un emoji llorando de la risa. El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, retuiteó la publicación de X y le dio las gracias por su ayuda y amistad.
Con este movimiento, El Salvador se convierte en el nuevo Guantánamo, un agujero negro y laguna legal con la que el Gobierno de Trump espera burlar a la Justicia. La base naval en Cuba que sirviera para otros emigrantes y detenidos afganos durante la guerra contra el terrorismo ha sido vaciada de emigrantes en previsión de que las autoridades judiciales pudieran emitir alguna orden sobre ella.
«Se ha hablado mucho de una crisis constitucional, pero creo que estamos muy cerca de ella», advirtió al término de la vista Lee Gerlent, el representante de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que puso la demanda para frenar las deportaciones.
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