La Justicia de EE UU permite los despidos masivos

Un juez federal permitió ayer que continúe la purga indiscriminada que ha dejado sin trabajo a cientos de miles de funcionarios, sin tener en cuenta los servicios que prestaban a la ciudadanía. El magistrado de Washington, Christopher Cooper, el segundo en pronunciarse, admite que los despidos masivos han sembrado «el caos» y provocado grandes trastornos y alteraciones «en amplios sectores de la sociedad estadounidense, algunos dicen que intencionadamente», observa, pero no cree que esté entre sus funciones impedirlo. «Los jueces de distrito federales tienen el deber de resolver cuestiones legales mediante una aplicación imparcial de la ley y los precedentes establecidos, sin importar la identidad de los litigantes o, lamentablemente en ocasiones, las consecuencias de sus fallos para la gente común», escribió lacónico en su fallo.

La Justicia se siente impotente para resolver las consecuencias de una actuación federal sin precedentes y remite a los sindicatos y funcionarios afectados a presentar su caso primero con la Federal Labor Relations Authority (Autoridad Federal de Relaciones Laborales), un departamento de arbitraje gubernamental que, como todas las oficinas del Gobierno purgadas por Donald Trump y sometidas bajo amenaza a su voluntad, no ofrece expectativas de imparcialidad.

El recién creado Departamento de Eficiencia en el Gobierno (DOGE), desde el que Musk y su cuadrilla de jóvenes tecnócratas siembran el terror en las oficinas que visitan, ha cortado fondos en contra de órdenes judiciales, cerrado agencias independientes como USAID y despedido a funcionarios en cuestión de horas, sin tiempo para analizar las consecuencias de esos recortes.

Su coartada para los despidos es rescindir contratos innecesarios o deshacerse de burócratas de bajo rendimiento, pero las investigaciones periodísticas revelan que muchos de los cesados son precisamente aquellos que han sido promocionados recientemente por sobresalir en su trabajo. La «eficiencia gubernamental» esconde una caza de brujas con la que se intenta eliminar del gobierno a cualquiera que no comparta «los valores del presidente», ha llegado a admitir la Casa Blanca.

La primera purga fue voluntaria, una oferta de ocho meses de sueldo para dimitir, aunque hay serias dudas de que los 75.000 funcionarios que la habían aceptado hasta el 12 de febrero vayan a cobrar lo prometido. A partir de ahí, la guadaña ha operado sin razón ni compasión. En vísperas del plazo para presentar la declaración de impuestos, que en EE UU vence el 15 de abril, 6.700 empleados de Hacienda han sido despedidos, lo que supone el 8,4% de la plantilla. El presidente Joe Biden estaba en proceso de reforzar y modernizar la agencia de recaudaciones con 80.000 millones para perseguir el fraude fiscal, que según estimaciones internas deja 600.000 millones sin recaudar.

El Servicio de Parques Nacionales también ha perdido mil empleados, precisamente cuando se acerca la primavera y está a punto de empezar la temporada. Y hay también puestos críticos, como los controladores aéreos, inspectores de mantenimiento y otros puestos de la Administración Federal de Aviación que se encargan de mantener la seguridad aérea, 400 de los cuales han sido despedidos.

La purga ocurre en medio de dramáticos accidentes aéreos, que según los datos del Consejo Nacional de Seguridad para el Transporte ha dejado 87 accidentes de avión en lo que va de año. Y qué decir de los 180 empleados de seguridad atómica despedidos la semana pasada, a los que la Agencia de Seguridad Nuclear Nacional ha tenido que llamar de vuelta, al no poder manejar los residuos radiactivos.

Ningún departamento de Gobierno se libra. DOGE asegura en su página web que, a través de la cancelación de contratos, reducción de plantilla y detección de fraude, ha ahorrado ya a la Administración 55.000 millones de dólares que, en su mayoría, irán a pagar la deuda nacional. Al estilo de la pandemia, Trump contempla enviar a todos los estadounidenses un cheque firmado con su nombre, que podría llegar hasta 5.000 dólares en «dividendos» con los que aplacar las críticas y contentar al electorado.