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G. Elorriaga
Sábado, 11 de mayo 2024, 17:05
No se sabe por qué a Jimmy Chérizier se le apoda Babekyou, barbacoa, en la lengua criolla haitiana. Tal vez porque su madre vendía pollo ... frito o, quizás, por las acusaciones de prender fuego a personas durante las masacres en las que participaba. Este antiguo policía es el actual hombre fuerte del país, capaz de amenazar al Consejo de Transición o demandar su presencia en cualquier proyecto político. Su trayectoria ejemplifica la degradación de Haití. Como agente de seguridad, aparece implicado en la provisión de armas para los paramilitares que sofocaron protestas anticorrupción en el suburbio capitalino de La Saline en 2018. Se le achacaba ser el esbirro del presidente Moïse y el Partido Haitiano Tèt Kale en la represión de la oposición y hoy es el comandante del G9, una federación de los nueve grupos más poderosos del país que controla el centro de la capital y sus accesos.
La impunidad ha sido la tónica tras las atrocidades en el área metropolitana. Reconvertido en caudillo político, su discurso le dibuja como un Robin Hood que aboga por eliminar la oligarquía empresarial y política e implementar un diálogo nacional. «Se presenta como un liberador y logra que la gente se ponga de su lado porque no tiene recursos para discernir», advierte la doctora Chías. Pero su liderazgo dentro del crimen organizado está contestado. Enfrente figura Gabriel Jean Pierre, alias Ti Gabriel, responsable de G-PEP, otra alianza de bandas que aspira a hacerse con Puerto Príncipe. Entre los coaligados aparece 400 Mawozo (400 novatos), organización que domina buena parte de los flujos comerciales procedentes de República Dominicana y que captó la atención internacional tras raptar a 17 misioneros extranjeros. La ferocidad de esta red es indiscutible. En noviembre irrumpió en un hospital y secuestró a cientos de pacientes. Y se le suponen vínculos políticos con el movimiento opositor Lavalas, también denominado Organización del Pueblo en Lucha. Ambos se disputan Puerto Príncipe, que se ha visto inmersa en una feroz lucha. Desde enero han muerto 2.500 personas y el éxodo ha crecido. La fuerza multinacional, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU y dirigida por Kenia, parece el último recurso para evitar la catástrofe.
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