La represión policial se cobra la vida de al menos 100 estudiantes en Bangladés

Hace quince días los estudiantes comenzaron a manifestarse en la universidad de la capital, Dacca, con el objetivo de que se revise el programa gubernamental de empleo público. Casi un tercio de las plazas de trabajo se reservan a los descendientes de los combatientes de la guerra de liberación del país asiático en 1971. El mayor problema de esta reserva de puestos es que gran parte de la élite política está emparentada con esa generación, incluida la primera ministra Sheikh Hasina, por lo que esos puestos son otorgados a hijos de altos cargos y a la familia de la mandataria sin dar opción al resto de jóvenes para lograr un puesto como trabajador del Estado.

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Este trato, según los manifestantes, «es discriminatorio y favorece a los partidarios del partido gobernante», por lo que consideran que es más justa una contratación basada en méritos. Aseguran que «un trabajo en el Gobierno es una oportunidad realmente buena», ya que actualmente el país tiene una economía que se tambalea al no recuperarse de los efectos de la pandemia. Como consecuencia de la situación, el Gobierno no ha logrado crear suficientes puestos de trabajo para los jóvenes, que representan más de una cuarta parte de la población.

Los estudiantes comenzaron a manifestarse de manera pacífica en las universidades, sobre todo en la de Dacca, pero el pasado 15 de julio se produjeron brotes violentos. Según medios locales, miembros de las juventudes del partido gobernante, la Liga Chatra, atacaron a los estudiantes que protestaban en la Universidad de Dacca. Desde entonces se han intensificado los enfrentamientos entre los partidarios del Gobierno, las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Bangladés ha desplegado su Batallón de Acción Rápida paramilitar, sancionado por Estados Unidos en 2021 por «abusos contra los derechos humanos», lo que ha empeorado la situación.

Desde hace cuatro días, la Policía antidisturbios usa gases lacrimógenos y balas de goma contra grupos de personas armadas con palos que llenan las calles y los campus universitarios de Dacca. Los incidentes se han convertido en enfrentamientos violentos. En medio de una dura represión policial, al menos 100 manifestantes han fallecido y los incendios se han extendido por decenas de lugares, incluida la sede de la televisión pública. El Gobierno ha clausurado los colegios y cortado los servicios de telefonía móvil e internet.

Estas son las primeras grandes manifestaciones a las que se enfrenta la primera ministra Sheikh Hasina desde que asumió el cargo por cuarta vez consecutiva en enero, pero no las primeras desde que comenzó su mandato en Bangladés en 2009. De hecho, en 2018 los ciudadanos ya presionaron a la mandataria por el programa de cuotas y ésta acabó desmontándolo. El Tribunal Superior lo reinstauró más tarde asegurando que su eliminación era inconstitucional y que, en caso de querer derrogarlo, sería preciso un cambio de legislación.

El ministro de Justicia, Anisul Huq, ha asegurado que el Ejecutivo está dispuesto a negociar con los estudiantes con el objetivo de llegar a un consenso, pese a la dureza con la que se emplean las fuerzas de seguridad. La primera ministra, por su parte, ha anunciado una investigación judicial sobre las muertes de civiles y pedido a los manifestantes que esperen la respuesta del tribunal. Sin embargo, ha sido acusada de menospreciar a los manifestantes al llamarles «razakar», término que se utilizaba de manera ofensiva para aquellos que colaboraban con el Ejército paquistaní durante la guerra de independencia.

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«Esperábamos una disculpa de nuestra primera ministra y una solución sólida a la reforma de cuotas», han señalado portavoces de los manifestantes, que definen las concentraciones como «un movimiento popular contra el gobierno autoritario». A su juicio, la agresividad policial demuestra «la naturaleza fascista de quienes se han mantenido en el poder sin ningún sistema de votación adecuado», proclaman.