Hong Kong condena a 45 defensores de la democracia bajo la ley de seguridad nacional

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Los condenados se encuentran entre los conocidos como los '47 de Hong Kong'. Estos activistas, legisladores y concejales fueron acusados en 2021 de conspiración para cometer subversión por organizar un año antes unas elecciones «primarias no oficiales» para seleccionar a los mejores candidatos para los siguientes comicios legislativos. El argumento de la Fiscalía para imputar estos cargos es la supuesta intención de conspirar para paralizar el funcionamiento del Gobierno municipal mediante actos potencialmente perturbadores si resultaban electos.

En concreto, los acusados habían sido señalados por haber planeado, si conseguían la mayoría, bloquear proyectos de ley presupuestaria y tratar de forzar la dimisión de la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam. Tres jueces del Tribunal Superior, todos elegidos a dedo por el dirigente municipal para instruir casos de seguridad nacional, han considerado que las votaciones formaban parte de un complot más amplio para «socavar, destruir o derrocar» al Gobierno de esta ciudad semiautónoma de China.

La sentencia recoge una condena de una década de prisión para el «cerebro» de esta consulta, Benny Tai, exjurista y profesor de Derecho de 60 años. Los jueces redujeron la pena de los 15 años que se le pedían por su «temprana declaración de culpabilidad». Joshua Wong, la cara más conocida de las protestas de 2019, también ha visto mermado su castigo en un tercio tras confesar su responsabilidad. El tribunal le considera un «participante activo» en el plan de elecciones primarias y sus antecedentes le han jugado también en contra al considerarse que no tiene una «buena conducta». Wong se encuentra en prisión por cargos relacionados con las movilizaciones.

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A otros cuatro políticos prodemocracia -Au Nok-hin, Andrew Chiu, Ben Chung y Gordon Ng- señalados como organizadores principales de las primarias, se les ha impuesto una pena de hasta siete años y tres meses de cárcel. Leung Kwok-hung alias 'cabellos largos', de 68 años y fundador del último partido de oposición de la ciudad, la Liga de Socialdemócratas (LSD), fue sentenciado a seis años y nueve meses. El resto de procesados ha recibido una condena de un mínimo de cuatro años.

Aunque en enero de 2021 las autoridades arrestaron a 47 personas vinculadas a este caso, dos de ellas fueron absueltas el pasado mayo. El macrojuicio arrancó en febrero de 2023 sin jurado y con tres jueces designados por el Gobierno, conformando un proceso muy criticado por Occidente por sus «motivaciones políticas». Los abogados de algunos condenados, que llevan detenidos más de tres años y medio, han expresado su confianza en que este tiempo se dedujera de las correspondientes penas. Así, algunos podrían quedar en libertad el año que viene.

«Nuestro verdadero delito para Pekín es que no nos conformamos con seguirle el juego a unas elecciones manipuladas», escribió la activista Gwynet Ho, condenada a siete años de cárcel, en una publicación en Facebook tras conocerse la sentencia. «Nos atrevimos a enfrentarnos al régimen con la pregunta: '¿Será posible alguna vez la democracia dentro de una estructura así?'. La respuesta fue una completa represión en todos los frentes de la sociedad».

Anna Kwok, directora ejecutiva del Consejo para la Democracia de Hong Kong (HKDC), ha calificado la decisión judicial como «un ataque contra la esencia de Hong Kong, que añora la libertad, la democracia y el derecho a la expresión política». Por ello, llama a Estados Unidos a «imponer sanciones selectivas a los responsables de esta represión».

El ciudadano australiano-hongkonés Gordon Ng, que se declaró inocente, ha sido condenado a más de siete años de cárcel. Ante esta decisión, la ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, ha expresado su «grave preocupación». «Este es un momento muy difícil para Ng, su familia y sus simpatizantes. Nuestros pensamientos están con ellos después de la sentencia», declaró.

Algunos países occidentales han criticado el juicio. Estados Unidos «condena firmemente» el castigo. Washington denuncia que estuvo «motivado políticamente» y solicita la puesta en libertad de los demócratas, ya que considera que fueron «encarcelados por participar pacíficamente en la actividad política normal». En la misma línea, el Reino Unido cree que la imposición de la ley china de Seguridad Nacional «ha erosionado los derechos y las libertades de Hong Kong». «Una clara demostración de su uso para criminalizar la disidencia política».

Taiwán, una isla cuya soberanía reclama Pekín, acusa al Gobierno chino de utilizar «medidas judiciales y procesos injustos para suprimir la participación política y la libertad de expresión de los activistas prodemocracia de Hong Kong». «La democracia no es un crimen», ha dicho en una comparecencia la portavoz de la presidencia taiwanesa, Karen Kuo.

La Ley de Seguridad Nacional endureció en 2020 las penas por traición y sedición. Pekín y Hong Kong sostienen que fue una medida necesaria para restablecer el orden público tras las protestas masivas a favor de la democracia en 2019. Y defienden que a los acusados se les ha aplicado la ley local. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, manifestó ante los medios que «nadie puede participar en actividades ilegales en nombre de la democracia e intentar eludir el castigo legal» y agregó que Pekín «apoya firmemente» los esfuerzos de Hong Kong por salvaguardar la seguridad nacional.

Desde que China aprobó la controvertida norma, 291 personas han sido detenidas por «poner en peligro la seguridad nacional», según datos hasta diciembre de 2023. De todos ellos, 174 han sido imputados y otros 112 han sido condenados o se encuentran a la espera de conocer la sentencia.

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El pasado mes de marzo las autoridades hongkonesas presentaron una nueva ley de seguridad nacional, como complemento de la anterior, que recoge nuevos delitos y endurece las penas de prisión para los actos de traición, subversión o sedición. Una medida que muchos consideran un paso más para la represión y acallar las voces disidentes en esta ciudad semiautónoma china.