La Fiscalía de la Corte Penal Internacional pide ahora el arresto del líder de la junta militar de Myanmar

El líder birmano, que está al frente del país asiático desde el golpe de Estado perpetrado en febrero de 2021, comandaba las Fuerzas Armadas de Myanmar cuando se produjeron los abusos entre agosto y diciembre de 2017. Tras el ataque de un grupo guerrillero rohinyá, el ejército lanzó una campaña contra esta minoría en el oeste del país, por la que Myanmar fue acusada de presunto genocidio ante el Tribunal de La Haya. Por esta actuación la oficina del fiscal Karim Khan atribuye al general de 68 años una responsabilidad penal en delitos de deportación y persecución.

La ONU estima que durante esta campaña «de limpieza étnica con marcas de genocidio», que terminó con más de 740.000 rohinyás huyendo a campos de refugiados de la vecina Bangladés, fueron asesinadas al menos 10.000 personas.

La investigación se sustenta en los testimonios y las pruebas reunidas durante los últimos años. La Fiscalía ha transmitido en un comunicado la «profunda gratitud» hacia la comunidad rohingya, obligada a huir en masa ante una persecución con «intenciones genocidas» por parte de los militares.

Min Aung Hlaing había defendido que los rohinya no son una minoría étnica del país de mayoría budista, a pesar de que habitan el territorio desde hace siglos, sino que sostiene que son inmigrantes procedentes Bangladés. Con este argumento les niega la ciudadanía y otros derechos.

El fiscal Khan quiere demostrar que el mundo «no se olvida de los rohingyas». «Todas las personas del mundo deben quedar protegidas por la ley», en este caso el Derecho Internacional de cuyo cumplimiento es garante el TPI. Así, busca reivindicar la «resiliencia» de esta minoría.

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La decisión final de emitir la orden de arresto será tomada por una sala de jueces del TPI, como ha sucedido en causas recientes como la guerra en Ucrania o la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, que supuso el mandato de detención de Benjamín Netanyahu.