Fin de año de dolor y vértigo político en Corea del Sur

Tras abrirle una causa por insurrección y abuso de poder por su intento de imponer la ley marcial, abortada en pocas horas por el Parlamento y la movilización ciudadana, la Oficina para la Investigación de la Corrupción de Altos Cargos ha citado a declarar tres veces a Yoon. Pero este se ha negado a comparecer porque su equipo de abogados esgrime que dicho organismo no tiene jurisdicción legal sobre los casos de insurrección. Para resolver la situación, los investigadores solicitaron el lunes una orden de arresto al Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, que la ha aprobado este martes rechazando los argumentos de la defensa.

Según informa la agencia estatal surcoreana de noticias Yonhap, los investigadores tienen ahora de plazo hasta el próximo lunes para detener al presidente Yoon. Una vez arrestado, puede ser confinado en el Centro de Detención de Seúl, que su ubica en Uiwang, al sur de la capital surcoreana. Tras el arresto, los investigadores deben decidir en 48 horas si piden otra orden para prolongar la detención y seguir interrogándolo o ponerlo en libertad. «Se considerarán varias circunstancias, pero ejecutar la orden es lo principal ahora que se ha emitido», ha explicado a la prensa uno de los funcionarios de la Oficina para la Investigación de la Corrupción.

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Aunque no se sabe cuándo se llevará a cabo la detención, lo que sí parece claro es que no va a resultar fácil. Para empezar, los abogados del presidente Yoon ya han declarado que dicha orden es «ilegal e inválida», por lo que han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para suspenderla. «Es sorprendente y difícil de aceptar que se haya emitido una orden requerida por un organismo que no tiene competencias investigadoras», ha criticado Yun Gap-geun, uno de los letrados del presidente Yoon. En su opinión, solo la Policía tiene jurisdicción para investigarlo por insurrección. «Está claro que la orden de detención es ilegal. Lamentamos la decisión del tribunal», añadió el abogado, según recoge Yonhap.

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Pero, a tenor del jefe de la Oficina para la Investigación de la Corrupción, Oh Dong-woon, no hay manera legal de oponerse a un orden de arresto emitida por un juzgado. Ni siquiera para Yoon Suk-yeol, quien tiene inmunidad presidencial pero no sobre los presuntos delitos de insurrección y traición, penados con cadena perpetua o incluso la muerte.

Además de traumática, la detención del presidente puede resultar problemática y ahondar aún más en la crisis institucional que sufre Corea del Sur. Destituido por el Parlamento el 14 de diciembre, y gracias a doce diputados de su propio partido que apoyaron la segunda moción de censura presentada por la oposición, Yoon Suk-yeol sigue en su residencia protegido por el Servicio de Seguridad Presidencial. De hecho, sus guardaespaldas se negaron la semana pasada a que los investigadores registraran sus dependencias, alegando motivos de seguridad militar.

De momento, el Servicio de Seguridad Presidencial ya ha anunciado que tomará las medidas oportunas para gestionar la orden de arresto «de acuerdo con el proceso legal». Pero Yoon se ha enrocado en su posición y el rechazo de sus abogados a la detención hace temer un nuevo choque de trenes en Corea del Sur.

Con la incógnita de cómo y cuándo será arrestado, el presidente Yoon espera también la decisión del Tribunal Constitucional sobre su destitución. En un plazo de 180 días desde su aprobación por la Asamblea Nacional, sus magistrados deben decidir si confirman o rechazan el cese.

Pero incluso este proceso legal está resultando polémico porque dicha decisión del Tribunal Constitución requiere al menos seis de sus nueve jueces y tres plazas están vacantes. La semana pasada, la oposición aprovechó su mayoría en el Parlamento para aprobar dichos nombramientos. Pero el presidente interino tras la destitución de Yoon, el primer ministro Han Duck-soo, se negó a confirmarlos alegando que eso excedía de sus funciones.

De inmediato, la oposición presentó en el Parlamento otra moción de censura contra él, que salió adelante el viernes también con polémica legal y supuso la segunda destitución de un presidente en menos de dos semanas. Relevándole en el puesto, el ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, asumió la presidencia en funciones. Al contrario que su antecesor, Choi ha nombrado este martes a dos jueces del Tribunal Constitucional, uno propuesto por la oposición y otro por su partido, para intentar salir de la crisis institucional. Para la tercera vacante, ha pedido a las fuerzas políticas que se pongan de acuerdo.

«He decidido nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional por la necesidad de acabar por la incertidumbre política y el conflicto social lo antes posible y atajar una posible crisis para la economía y la vida de los ciudadanos», ha justificado el presidente en funciones, quien se ha ganado las críticas de su propio partido. «Su decisión supone rendirse a las amenazas de destitución de la oposición en el Parlamento, sacrificando los principios constitucionales», denunció el portavoz del Partido del Poder Popular (PPP), Kweon Seong-dong, quien no cree que un presidente en funciones pueda tomar ese tipo de decisiones sobre el alto tribunal.

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Mientras se agrava la crisis política, Corea del Sur despide su año más convulso esperando la detención de su presidente y en medio del trauma por el siniestro aéreo del domingo. El Gobierno ha iniciado este martes el doloroso proceso de entrega de los cadáveres de los 179 fallecidos en el aeropuerto de Muan a sus familiares. Se trata de una labor ardua, ya que la mayoría de los cuerpos quedaron irreconocibles por la explosión de la aeronave y están siendo necesarios múltiples exámenes de identificación. De momento, las autoridades han podido entregar cuatro cuerpos a los allegados.

Las muestras de pésame, las ceremonias y los memoriales se multiplican en los lugares donde las víctimas residían o trabajaban. Mientras, investigadores de Estados Unidos y de la compañía Boeing han llegado al lugar del siniestro y se han sumado a las pesquisas para determinar por qué la aeronave se estrelló violentamente tras colisionar con una bandada de pájaros, sufrir una aparente avería en un motor y no conseguir desplegar el tren de aterrizaje. Los funcionarios han abierto este martes las dos cajas negras recuperadas de los restos del aparato.

El Gobierno ha comenzado una inspección de todos los aviones de las mismas características, un Boeing 737-800, en propiedad de las aerolíneas surcoreanas. También se investiga la reglamentación sobre el muro de hormigón situado al final de la pista del aeropuerto contra el que la aeronave colisionó antes de convertirse en una bola de fuego por si acaso se tratara de una construcción ilegal.