Bangladés imputa a varios exministros por «facilitar masacres» durante las protestas del pasado verano

En las cárceles bangladesíes decenas de aliados de Hasina esperan juicios en su contra por la implicación en la muerte de cientos de manifestantes en los enfrentamientos y disturbios.

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Entre los trece acusados se encuentran once exministros de la exlíder del Ejecutivo. El fiscal general, Mohamad Tajul Islam, ha explicado que hay evidencias de su «responsabilidad» en las «mortíferas operaciones policiales» para sofocar las movilizaciones contra la ley de cuotas para acceder a la bolsa pública de empleo, según recogen medios bangladesíes.

Según Islam, todos los procesados «son cómplices de facilitar estas masacres al participar en actos violentos, planificarlos y ordenar a la Policía abrir fuego, además de no poner en marcha medidas que evitaran un genocidio». Incluida la propia Hasina, que deberá responder por varios de estos cargos.

Sheij Hasina dimitió de su puesto el pasado mes de agosto tras 15 años en el poder en medio de una fuerte ola de protestas y huyó en helicóptero a India tras el asalto de los manifestantes a su residencia oficial. Ahora podría ser sometida a un proceso de extradición.

Los estudiantes exigían la supresión de un sistema de cuotas que reservaba el 30% de los empleos públicos a las familias de las personas que lucharon por la independencia de Pakistán en 1971. A pesar de que el Tribunal Supremo atendió las exigencias de los manifestantes, la dura contestación del Gobierno de Hasina hizo que las protestas continuaran.

Las autoridades decretaron el toque de queda y el corte total de internet durante los peores momentos de la violencia en las calles, pero estas restricciones no impidieron la aparición de imágenes de cargas de la Policía junto a miembros afines al ala estudiantil del partido gobernante atacando a los manifestantes con armas de fuego, machetes e incluso usando vehículos para cometer atropellos.

La Justicia de Bangladés emitió una orden de detención contra Hasina por presuntos crímenes contra la humanidad y genocidio por la violenta respuesta de su Gobierno para sofocar las manifestaciones estudiantiles registradas en verano, que dejaron más de 750 muertos y miles de heridos. El actual primer ministro, Mohamed Yunus, eleva las cifras hasta los 1.500 fallecidos y 19.931 lesionados por la represión de las protestas.

Yunus anunció este domingo que solicitarían a India la extradición de su antecesora en el cargo. «Vamos a asegurarnos de que haya justicia para cada una de las muertes de la revolución de julio y agosto. Hay en marcha gestiones para procesar a los responsables y vamos a pedir la vuelta de Hasina a India para que rinda cuentas», afirmó en el discurso de sus primeros cien días al frente del gobierno interino.

Hasina se enfrenta a más de 200 casos en los tribunales abiertos desde su huida del país el pasado 5 de agosto. A los que hay que sumar la causa del Tribunal de Crímenes Internacionales (TCI) de Bangladés que la investiga por delitos como genocidio junto a otros 46 acusados.

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«No importa lo poderosos que sean los acusados o a qué partido pertenezcan. No hay opción de impunidad», subraya el actual jefe del Ejecutivo y promete que ningún crimen quedará sin castigo. Cifra en 1.600 los casos investigados por la comisión creada tras la salida de Hasina, aunque advierte de que la cifra total podría superar los 3.500. «Las familias de muchas víctimas tienen miedo de denunciar. Pero nadie os hará daño», ha insistido Yunus. «Informad de vuestros casos sin vacilar».