El expresidente brasileño Bolsonaro será juzgado por intento de golpe de Estado

«Existen pruebas razonables que sustentan la denuncia», ha afirmado el magistrado ponente del caso, Alexandre de Moraes, quien ha señalado que Bolsonaro «conocía, manejaba y discutía el borrador» en el que se redactó el plan golpista, en el que también ha implicado al resto de acusados. Parte de la conspiración golpista, según los fiscales, implicaba el potencial asesinato de Lula, a su vicepresidente y al propio juez del Tribunal Supremo.

El Ministerio público considera al expresidente el líder de una trama criminal creada con el fin de «generar reacciones que garantizaran su continuidad en el poder», independientemente del resultado de las elecciones de 2022.

Pocas semanas después, el 8 de enero de 2023, miles de partidarios suyos asaltaron el palacio presidencial de Planalto, la Corte Suprema y la sede del Congreso en Brasilia. Lula decretó el estado de emergencia y las fuerzas de seguridad tardaron cinco horas en desalojar a los ocupantes, muchos de los cuales llegaron a la ciudad desde al menos una decena de Estados en autobuses pagados por empresarios y donantes anónimos.

En su argumentación, De Moraes ha mostrado imágenes de los hechos violentos de aquel día y ha refutado a la defensa del exmandatario, que alegaba que los participantes eran personas religiosas y de edad avanzada. «No se ve ninguna Biblia». No fue aquello un «domingo en el parque», aseveró.

«La organización criminal siguió todos los pasos necesarios para deponer al Gobierno legítimamente elegido. Objetivo que, buscado con todo el empeño, no se hizo realidad por circunstancias que los denunciados no consiguieron superar: la resistencia del Ejército y medidas de excepción», explicó el juez.

«Tienen prisa, mucha prisa», ha expresado Bolsonaro en un largo mensaje en la red social X, transmitido durante las deliberaciones de los jueces. El exmandatario denuncia que el proceso en su contra «avanza a una velocidad 14 veces mayor que el Mensalão», el proceso contra el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción en su primer mandato, «y 10 veces más rápido que el de Lula en el Lava Jato», el caso de desvíos en la petrolera Petrobras.

El líder de la oposición defiende su inocencia y se declara un perseguido. «Todo el mundo sabe que lo que está ocurriendo es, de hecho, una especie de ataque jurídico a la democracia: un juicio político, conducido de forma parcial, sesgada y abiertamente injusta por un ponente completamente comprometido y sospechoso», dice, en clara referencia al juez Alexandre de Moraes. Afirma que el el instructor del caso tan solo busca una «venganza», mandarlo a la cárcel y retirarlo de las urnas.

«El tribunal pretende impedir que me juzguen en 2026, como quieren impedir que me presente libre a las elecciones porque saben que, en una contienda justa, no hay ningún candidato capaz de ganarme». Aunque cabe recordar que el líder de la ultraderecha, de cualquier forma, ya se encuentra inhabilitado políticamente por ocho años por haber sido condenado en un proceso de la Justicia electoral por sus ataques a la democracia. El juicio sobre el intento de golpe de Estado todavía no tiene fecha fijada, aunque todo apunta a que podría celebrarse durante este año para no interferir en el proceso electoral de 2026.