De asaltos a embajadas

La crisis política estaba servida y apareció como un equilibrio infausto entre correístas y anticorreístas que paralizó el aparato del Estado, desarmando por un lado las estructuras heredadas del período de la Revolución Ciudadana y entroncando, por otro, las instituciones de éste con las organizaciones mafiosas. Todo ello generó una progresiva desintegración de la maquinaria de seguridad, del sistema carcelario y de la justicia iniciado en el Gobierno de Lenin Moreno y continuado en el de Guillermo Lasso (Casos 'Metástasis' y 'Purga').

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Y en esta línea de lucha contra la corrupción que empapa la nación ecuatoriana se produce el obtuso asalto a la embajada mexicana en Quito, sacando a la fuerza de la misma al exvicepresidente Jorge David Glas. Tamaña torpeza política pasará a los anales de las relaciones y de la diplomacia internacional. Violar el derecho diplomático consagrado en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (18 de abril de 1961), olvidar los precedentes y prácticas de los Estados en la solución de controversias como la de Glas y desoír la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el asilo diplomático pasará factura a Noboa. Su credibilidad internacional está en entredicho a pesar de la orden de encarcelamiento y las dos condenas por corrupción de Glas, cabeza de turco de todo este juego político condenado en tiempo récord sin prueba alguna en el 'caso Soborno'. Aunque la crisis con México no vaya a más, este despropósito perjudica más que beneficia a Ecuador y sólo puede generar más espacios opacos en la democracia ecuatoriana.

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Pero nada de esto importa al presidente ecuatoriano. Noboa sabía que su intervención obligaría a México a romper relaciones diplomáticas con Ecuador. Los tropiezos que ha tenido su Gobierno, su cada vez mayor dependencia estadounidense diseñando la política exterior del país, su deseo de asegurar el poder mediante una consulta popular (21 de abril) y su firmeza aparente en la lucha contra la inseguridad no pueden ocultar su política de no inversión pública, la pérdida de derechos laborales y la cada vez más acentuada pobreza y desigualdad que padecen los ecuatorianos.