Ecuador movilizará a 100.000 policías y militares para proteger las elecciones

El plan de seguridad para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, presentado este miércoles por el ministro del Interior, Juan Zapata, se pondrá en marcha mañana. Los presos sin sentencia firme serán este jueves los primeros en depositar la papeleta, mientras que las personas con alguna discapacidad, y que hayan solicitado votar desde casa, lo harán mañana. La evolución de los comicios hasta el domingo, cuando está llamada la inmensa mayoría de los votantes, se monitoreará «minuto a minuto» desde tres puestos de mando. Hasta el traslado del material electoral será custodiado, en su caso, por las Fuerzas Armadas para impedir cualquier intento de sabotaje.

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A los 53.707 efectivos de la Policía Nacional que se movilizarán «solamente para este fin de semana» se sumarán el ejército ecuatoriano y el servicio integrado de emergencia conocido como ECU 911. «Estaremos con más de 100.000 funcionarios del eje de seguridad desplegados», contabilizó Zapata. La protección de la cita electoral tras los últimos sucesos, y después de más de 3.500 muertos en lo que va de año en el país latinoamericano, acechado por las bandas criminales, se realizará con equipos «de Inteligencia, de investigación y de prevención». Con ese fin, por ejemplo, se reforzará la vigilancia en el exterior de los recintos electorales o en los centros de procesamiento de los datos que salgan de las urnas.

El ministro del Interior pidió a los ecuatorianos que realicen un voto ágil durante la jornada del domingo y les recordó, además, que 36 horas antes de los comicios entrará en vigor la ley seca que prohíbe el consumo de alcohol para tratar de que la jornada electoral transcurra con la mayor tranquilidad.

A cinco días de las elecciones presidenciales de Ecuador, el partido del expresidente Rafael Correa, actualmente refugiado en Bélgica, ha impugnado la precandidatura de Christian Zurita Ron, el elegido por el movimiento Construye para sustituir a Fernando Villavicencio, asesinado el pasado 9 de agosto tras un mitin en Quito. Con el país aterrorizado por el aumento de la inseguridad y especialmente por el magnicidio perpetrado al más puro estilo de sicarios, solo faltaba que Revolución Ciudadana intentara silenciar el partido que ha puesto un muerto en la campaña. No obstante, se espera que el Consejo Nacional Electoral (CNE), a última hora de la noche ecuatoriana -madrugada en España- pueda validar la postulación de Zurita.

El partido de Correa, por mediación de su actual líder, Marcela Aguiñaga, había presentado un documento con tres puntos principales para pedir la impugnación de la candidatura de Zurita. Decía que estaba afiliado a otra organización política distinta a Construye, que inclumplía el requisito de renunciar con al menos 90 días de anticipación a la fecha del cierre de inscripciones y que tampoco había obtenido la autorización previa de su nuevo partido.

La formación de Zurita aseguró que el pasado 13 de agosto había presentado una solicitud de nulidad de afiliación a una organización política previa, y que el nuevo candidato cumplía con todos los requisitos para participar en las elecciones anticipadas del próximo domingo. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, convocó al pleno de este organismo para informar que la firma, a la que aludía el documento en que se pide la impugnación de Zurita, es falsa. El movimiento Construye Ecuador ya había colocado en las redes sociales la fotocopia del documento con la firma falsificada. «El correísmo nuevamente intenta silenciarnos, confirma su temor a nuestra candidatura», añadía la nota.

Zurita, que en una conferencia de prensa celebrada el 13 de agosto se presentó con Andrea González Nader, la candidata a la vicepresidencia por Construye, con chalecos antibalas, es periodista y era amigo íntimo de Villavicencio, con el que escribió el libro 'Arroz Verde', en el que contaban los sobornos que se produjeron entre 2012 y 2016, y por el que Rafael Correa fue condenado por corrupción, además de otro altos funcionarios de su Gobierno. Ambos fundaron el portal Periodismo de Investigación y colaboraban con Mil Hojas, otra web en la que publicaron varias investigaciones sobre corrupción relacionadas con el expresidente. En su perfil, Zurita se define como «periodista indignado, no hay poder que no enfrente, ni temas que le sean ajenos, persistente enemigo de las tiranías, crítico del periodismo populista, y izquierdista redimido».

En sus redes sociales, Zurita colgó un vídeo en el que desvelaba los nombres de los exlegisladores que, según el candidato asesinado, estaban preparando un atentado contra su persona. Villavicencio había denunciado ante la Fiscalía el caso el pasado 13 de abril. «He recibido información de fuentes parlamentarias sobre un atentado con 'sicarios' que estarían preparando en mi contra y contra mi familia varios legisladores que han demostrado un abierto desafío a mi gestión», había manifestado Villavicencio en aquella ocasión.

Zurita añadió que su amigo tuvo conocimiento de ello a través de asambleístas que prefirieron guardar el anonimato. Entre los presuntos acusados figuran cuatro miembros del movimiento Revolución Ciudadana y uno del Partido Social Cristiano (PSC). El nuevo aspirante a la presidencia por el movimiento Construye los ha retado a rendir cuentas al país sobre las circunstancias por las que fueron señalados por Villavicencio. Pablo Muentes (PSC) calificó de infames las acusaciones y sostuvo que todas sus diferencias con el candidato asesinado fueron públicas.

El nuevo aspirante a la presidencia del movimiento Construye también ha revelado que Villavicencio tenía intención de exponer el pasado domingo durante el debate de aspirantes un «informe emitido por el administrador de un contrato por 30 millones de dólares con la empresa Telconet de Jan Topic», del movimiento Claro que se puede. «En el mismo se señala que las cámaras colocadas en Guayaquil para el servicio de la comunidad no funcionan, no sirven, no generan analítica. Y por ellas la Corporación de Seguridad Ciudadana está pagando dinero», reveló.

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El aspirante a la Asamblea por el partido Amigo, Édison Carrillo, anunció por su parte una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de omisión dolosa en el asesinato de Villavicencio. La demanda afecta asimismo al ministro del Interior, Juan Zapata, y al comandante de la Policía Fausto Salinas. También ha solicitado que sean investigados todos los funcionarios y agentes que estaban a cargo de la seguridad del candidato asesinado.