Romper as viejas reglas del juego

Domingo, 5 de marzo 2017, 22:08

En política, como en la vida, hay hechos sustanciales o estructurales, que pueden cambiar el rumbo de una comunidad. En este contexto es en el que hay que enmarcar una posible reforma del sistema electoral canario. La posibilidad de cambiar las reglas del juego que se sustanciaron hace 35 años en Canarias es uno de los objetivos estructurantes de esta comunidad y la aspiración de muchos canarios que ven como sus votos se van por el sumidero por culpa de un sistema electoral, a todas luces injusto e injustificable, que no encaja en una sociedad en la que la democracia se ha asentado como valor indiscutible. No parece muy democrático que el 17% de los canarios elija al 50% de los diputados en el Parlamento de Canarias y que el 83% restante al otro 50%. En términos absolutos y de forma desnuda esto significa que 30 diputados representan a 335.000 canarios, y los otros 30 a 1.660.000. La desproporción es abrumadora y en ella prima la territorialidad frente a las personas, a la población, como el flagrante caso de Fuerteventura que tiene siete diputados con 103.000 habitantes frente a la La Palma que con 88 mil habitantes suma ocho diputados. No parece razonable que el voto de un herreño valga 14 veces más que el de un grancanario o un tinerfeño, es decir que un partido en las islas mayores necesite 40.000 votos para obtener un escaño mientras que en El Hierro sólo se necesitan 1.400. No parece cuerdo que en las últimas elecciones autonómicas un partido de nueva implantación, como Ciudadanos, obtenga 54.375 votos en toda Canarias y que vayan directamente a la basura y sus representantes se queden fuera del Parlamento, y que un partido de corte insularista, como el que lidera el ex socialista Casimiro Curbelo en La Gomera, logre tres diputados con 5.090 votos y se convierta en la llave para la gobernabilidad de Canarias. No hay democracia que se precie de serlo que resista este sistema de triple paridad, aprobado en 1982, pendiente de desarrollo normativo posterior. Un sistema que en 35 años ha sido imposible tocar para corregir de forma razonable, más allá de pequeñas reformas en las barreras insulares y regionales. Por decirlo de una manera suave: este sistema electoral resta calidad democrática y legitimidad plena a las instituciones que surgen del mismo y deberían ser los partidos políticos los primeros interesados en legitimarse de una forma mucho más proporcional en las urnas, ante los ciudadanos. En eso está una parte importante de los partidos en Canarias. Hay una amplia reflexión y acuerdo para el cambio de sistema. Es ya un clamor. Se da una coyuntura política, la de falta de mayorías absolutas, que posibilitan un acuerdo al margen de los intereses de las minorías que dominan, se aprovechan del sistema y tratan de perpetuarlo. Existe el empeño organizado de la sociedad civil, en este caso representada por Demócratas para el Cambio y otros particulares, entre los que destaco a uno de los padres de la triple paridad, José Miguel Bravo de Laguna, que también entiende que el sistema, que sirvió en una etapa de arranque de la comunidad, está obsoleto, superado por el tiempo, los cambios poblacionales y económicos y la madurez democrática. La posibilidad la otorga la reforma del Estatuto de Autonomía admitido a trámite por el Parlamento nacional y la posibilidad de introducir enmiendas a la Transitoria Primera del Estatuto de Autonomía, la que desde hace 35 años y de forma interina regula el sistema electoral canario. Se trata de emendar la plana en Madrid para introducir un nuevo sistema que permita la corrección del actual, que entre en vigor de forma inmediata y que se aplique en las elecciones de 2019. Es una posibilidad a la que se suman en estos momentos 189 diputados, los del PSOE, Podemos, Ciudadanos y Nueva Canarias, mediados por Demócratas para el Cambio, que ha buscado fórmulas de corrección de la representatividad que pueden ser asumidas por todos los partidos políticos, que en estos momentos sostienen diversas propuestas. Demócratas para el Cambio plantea ampliar la representación parlamentaria a 69 diputados, bajar las barreras al 3% autonómico y al 15% insular (Ahora en el 6% y el 30%, las más restrictivas de todo el sistema electoral a lo largo y lo ancho de España) con la asignación de 48 escaños de representación insular, 12 a Gran Canaria y Tenerife, 6 a Lanzarote Fuerteventura y La Palma y 3 a La Gomera y El Hierro. Es decir, sin renunciar a la triple paridad. La asociación plantea a los partidos políticos la elección de otros 21 diputados que se determinará a partir de la bolsa de restos, es decir, los votos sobrantes a cada partido en la primera aplicación de criterios (triple paridad) y para lo que no habrá barrera o tope alguno. Esta propuesta de restos también la formuló José Miguel Bravo de Laguna, aunque sin contemplar un aumento de diputados y con una muy distinta distribución insular. Por lo pronto, estos 189 diputados en Madrid, mucho más amplia que la mayoría absoluta, han expresado su voluntad de introducir enmiendas a esa inamovible Transitoria Primera del Estatuto de Autonomía y discutir detalles de la propuesta hecha desde la sociedad civil, muy avalada desde el punto de vista jurídico y sustentada en el compromiso (previo y de mínimos) de 13 partidos políticos en Canarias, incluido el PP. Este compromiso previo no lo firmó el PSOE, que en noviembre del pasado año gobernaba con CC, partido que defiende el actual sistema por ser el más beneficioso para sus intereses. Hay que tener en cuenta que Coalición Canaria, con 164.450 votos, tercera fuerza política, obtuvo la mayoría de diputados en el Parlamento (16) frente al PSOE que obtuvo 182.006 y 15 diputados, quedando como primera fuerza política; o el PP, que con 170.000 votos obtuvo sólo 12 diputados. A última hora se descolgó el PP de este pacto de mínimos mientras que el PSOE, una vez fuera del gobierno y roto el compromiso con CC, ha mostrado su apoyo. La iniciativa no está exenta de dificultades. La primera, que el PP, que firmó el compromiso de mínimos, se adhiera a las enmiendas a la Transitoria Primera del Estatuto, para que la mayoría sea mucho más amplia y representativa. El partido de Antona es uno de los grandes damnificados del sistema electoral al tener la mayoría de sus votantes en las grandes ciudades y áreas de Gran Canaria y Tenerife. El partido está empeñado en la reforma electoral, consciente de que su futuro depende del cambio de las reglas del juego, pero aspira a entrar en el Gobierno nacionalista, lo que supondría la renuncia a la reforma electoral. Algunos sectores del PP abogan por dejar fuera de un posible pacto con CC para la formación de un nuevo gobierno este asunto, lo que permitiría a Antona adherirse en Madrid a la reforma, una posición por la que, con toda seguridad, CC no entrará. Por otro lado los partidos dispuestos a enmendar el Estatuto ya están sufriendo las reticencias de sus cúpulas estatales a determinadas cuestiones que plantea el propio Estatuto, al margen de la electoral, como la ampliación de competencias a la comunidad Autónoma. Estas reticencias retrasarán su aprobación y la posibilidad de que el texto esté aprobado por el Congreso antes de las elecciones de mayo de 2018. La inestabilidad política, la confusa situación de los socialistas y la posibilidad de que Rajoy convoque elecciones anticipadas, son otros de los factores que pueden impedir que el Estatuto se trámite de forma adecuada. Y por último existe la posibilidad de que CC y PP pidan al Congreso retirar la tramitación, como ocurrió en 2007, en la etapa Zapatero y sus reformas, y, exactamente, por los mismos motivos, la falta de acuerdo sobre la reforma electoral entre el bloque CC-PP, que gobernaban en Canarias, y el PSOE. Es verdad que la composición de la mesa del Parlamento es otra, y que el PP tiene un grueso compromiso para la reforma, pero el antecedente hace peligrar la iniciativa y devolver la reforma del Estatuto al Parlamento de Canarias, con lo que el debate se alargará de nuevo varios años. Creo sinceramente, por equidad y por calidad democrática, que la reforma del sistema electoral es una obligación democrática. Mantenerlo secuestrado por intereses partidistas está restando calidad democrática e impidiendo la natural evolución de una sociedad cada día más consciente de que quiere estar representada en la constitución de las instituciones que nos gobiernan de una forma mucho más justa y equilibrada. Cambiar las reglas de juego con el mayor consenso posible, también es una obligación que sólo la excusa, el empecinamiento para la defensa de intereses partidistas que benefician a pocos canarios, mientras se desprecia a la mayoría, al margen de donde resida.

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