Más de medio San Agustín pide cambiar de turístico a residencial

La urbanización Monte Rojo, en la zona de Rocas Rojas, en San Agustín, ha sido una de las primeras en manifestarse en contra del Plan General de San Bartolomé y de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias. Solicita se le otorgue uso residencial no turístico.

El goteo de alegaciones contra el Plan General de Ordenación (PGO) de San Bartolomé de Tirajana, que se encuentra en información pública hasta el 25 de septiembre próximo, no ha parado en las últimas horas. Centenares de propietarios están alarmados por que la Ley de renovación y modernización turística de Canarias y el referido planeamiento exigen a los apartamentos en suelo turístico el deber de atenerse al uso turístico, prohibiendo el uso residencial.

Una de las primeras alegaciones presentadas ha sido la comunidad de propietarios de Monte Rojo, en San Agustín. Su presidente, Miguel Mesa Fernández, asegura que este complejo con más de 300 apartamentos no desarrolla actividad turística alguna, que ha sido dado de baja como tal, y que sin embargo se continúa manteniendo como uso turístico en el PGO. «Ha constituido primera residencia de centenares de familias, o segunda para fines de semana o verano, y esta actividad ha contado con el consentimiento de todas las administraciones públicas», afirma.

Indefensión. «Siendo que dicha urbanización no desarrolla actividad turística alguna, ni es apta ni tiene condiciones para su uso turístico, no se entiende que en el Plan General se rechace sin más el reconocimiento de su uso residencial permanente» alega el presidente de Monte Rojo, indicando que la aprobación como uso turístico supondría una vulneración de derechos y una arbitrariedad. «El rechazo de la sugerencia inicial del reconocimiento del carácter residencial de Monte Rojo, se ha efectuado injustificadamente, y sin la debida motivación», apunta.

Considera que mantenerlo como turístico y exigirle a los propietarios el deber de atenerse al uso turístico «generaría una grave indefensión a centenares de familias, y supondría una merma injustificada en sus derechos sobre la propiedad con gravísimas repercusiones económicas», apunta.

La posición expresada por Monte Rojo no varía con relación a la de otras comunidades de propietarios tanto de la zona de San Agustín como de Bahía Feliz, Playa del Inglés y Campo Internacional que también, en algunos casos, llevan años siendo residenciales en su casi totalidad.

Los miles de afectados por la Ley de renovación y modernización turística de Canarias y el nuevo planeamiento municipal han presentado más de 150 alegaciones en las últimas veinticuatro horas.

En todas se justifica la necesidad de contemplar las condiciones del uso residencial y no turístico de las propiedades y que se revise el planeamiento con esta finalidad, cuestión que está sólo y exclusivamente en manos del Gobierno de Canarias cambiar el uso del suelo.