La jornada escolar continua costó sangre

En medio de un agrio conflicto salarial con los profesores, el presidente del Gobierno ha abierto la caja de los truenos al poner en duda la eficacia de la jornada continua. La medida fue fruto de una dura lucha sindical que incluyó una huelga general y se resolvió con un pacto social sin precedentes.

Lo sacó a relucir en el discurso del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad y estalló la tormenta. El presidente del Gobierno, Paulino Rivero, considera «un error» la jornada continua, causante en parte del fracaso escolar. Aunque su portavoz, Carolina Déniz, aseguró ayer que no están trabajando para volver a la jornada partida, los sindicatos, alertados por voces que aseguran lo contrario, no han tardado en reaccionar y acusan al presidente de «imprudencia temeraria».

Lo cierto es que el debate que pone Rivero sobre la mesa es echar leña al fuego, porque en medio de una dura batalla por la homologación salarial, viene a poner en duda el resultado de otra no menos agria hace 20 años.

Acuerdo.

La iniciativa surgió de 23 directores de centros de EGB, que acordaron implantar la jornada continúa, según lo recuerda ahora un sindicalista que vivió la contienda, Manolo Marrero, «para reclamar la autonomía de cada comunidad educativa a decidir su horario». En definitiva, para concentrar las clases por la mañana. Tal atrevimiento no cayó muy bien en la Consejería, que los expedientó y expulsó por «desobediencia».

El titular del área, Enrique Fernández Caldas, se vio inmerso entonces en una reacción en cadena de todos los centros que, solidarizándose con los expulsados, acabaron convocando una huelga general que solo acabó cuando se firmó un acuerdo que anulaba las expulsiones y permitía a cada centro decidir su horario.

En 1992 ese acuerdo se reguló mediante una orden que establecía que en cada centro, padres, profesores y personal laboral debían decidir el horario por votación. Aunque muchas Apas estuvieron en contra, luego, la continua se fue imponiendo hasta que en cuatro años todo el Archipiélago iba a clase de 09.00 a 14.00 horas, y en teoría, quien lo desea, tiene actividades extraescolares para permanecer en el centro.

Para Marrero esta cuestión «ya no es un debate» y las declaraciones de Rivero remueven «una de las pocas cosas que se alcanzaron mediante un amplio pacto social». Asegura además que el horario, aunque influye, no es un «factor determinante» del rendimiento escolar. «Si analizara causas reales, quizás tendría que asumir más responsabilidades».

Después de clase.

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La jornada partida, que conservan algunos centros privados, va de 09.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 horas. Con la continua, salen a las 14.00 horas y tienen, en teoría, actividades extraescolares voluntarias hasta las 16.00 horas. En la práctica, no todos los centros ofertan dichas actividades, porque dependen de la ayuda de las instituciones, desde Ayuntamiento a Cabildos o el propio Gobierno. Los profesores reclaman más inversión en este aspecto en lugar de cambiar un horario que según ellos, ha sido un éxito.