Gonzalez Arroyo pide aclaración de la sentencia de inhabilitación

Ante la duda de cuándo empieza a ser efectiva la sentencia de nueve años de inhabilitación para cargo público impuesta por el Juzgado de lo Penal número 2 por la cantera del lomo del Pájaro, el alcalde de La Oliva Domingo González Arroyo ha confirmado esta semana que ha pedido nota aclaratoria del fallo, a pesar de que aún puede recurrirlo. «Ahora es que se han acordado de mí con el tema de esta cantera porque vuelvo a ser alcalde de La Oliva», justifica el primer edil.

Con el artículo 6 de la reformada Ley Electoral de 1985 en la mano, que entró en vigor en 2011, fuentes jurídicas apuntan a que la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario es de aplicación inminente, en un plazo inferior a dos meses. Este artículo establece que serán «inelegibles» los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por, entre otros, delitos contra la Administración Pública, donde se circunscribe el delito atribuido al alcalde de La Oliva: delito continuado de prevaricación en el caso de la cantera de recebe del lomo del Pájaro, que el juez considera probado que es de su propiedad, que funcionó y suministró al Ayuntamiento durante años sin mediar facturas, ni contrato.

En la misma sentencia se condena a dos exconcejales del Ayuntamiento del norte y al arquitecto técnico Jerónimo Soto, que en la actualidad es consejero del Cabildo por el Partido Progresista Majorero (PPMajo) que lidera González Arroyo. El alcalde de La Oliva asegura que vendió la cantera en 1984 a un particular que se murió, por lo que nada tiene que ver con esta actividad extractiva. Al contrario, lanza el dardo de que en realidad la institución pública que más sacó del lomo del Pájaro no fue el Consistorio sino «fue el Cabildo de Fuerteventura durante años».

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