«Este apartamento es lo único que tengo»

Los propietarios de apartamentos en la zona turística del Sur están desconcertados con las versiones contradictorias sobre el planeamiento municipal. «Unos dicen que no nos preocupemos y otros que nos pueden echar a la calle, con lo cual estamos viviendo en la incertidumbre más absoluta», indicó ayer Juan Antonio Martín, un jubilado con 69 años de edad que lleva diecisiete viviendo en su apartamento de Monte Rojo, en San Agustín, el cual compró con la confianza de que se trataba de una zona residencial y con todos los permisos administrativos.

«Esta es mi vivienda única y habitual; no tengo otra propiedad, y cuando compré aquí vendí la que tenía en Las Palmas y me empadroné en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, me pusieron agua de uso residencial y me dijeron que no había ningún problema que residiera en este lugar, es más, en el Registro de la Propiedad está inscrito como un complejo que se encuentra fuera de explotación turística, así que no se entiende todo esto que está pasando ahora», afirmó.

Empadronado. Juan Martín reflexiona sobre el uso residencial del inmueble señalando lo que muchos otros residentes dicen al respecto. «Cuando yo me fui a empadronar en el Ayuntamiento tendrían que haberme dicho que esto era solo para fines turísticos y que no podían empadronarme en este domicilio, pero sin embargo lo hicieron con total normalidad», insiste.

Respecto a la nueva Ley de renovación y modernización turística de Canarias, es claro. «Nosotros no leemos los boletines oficiales y cuando nos enteramos de algo, nos enteramos de rebote, así que de no ser por la prensa no nos damos cuenta de lo que estaba pasando con este asunto», señaló, remarcando que esto le ha creado «una gran incertidumbre», porque, añade con preocupación, «no tengo otra propiedad y si me tengo que ir de aquí, dónde voy, qué hago», se pregunta.

A su entender, y como aseguran algunos letrados del Sur, la nueva ley y su reglamento aprobado por decreto del Gobierno de Canarias en mayo pasado «en estas condiciones debería ser inaplicable, porque afecta directamente al derecho de propiedad, un derecho constitucional, que este caso parece se podría estar vulnerando», asegura. «Esta es mi propiedad, no tengo más que esto y si como dicen me van a sustituir, yo pregunto entonces adónde voy, qué me dan como alternativa, qué me ofrecen a cambio, me van a pagar la expropiación para que me marche; creo que todo esto no tiene razón de ser y por lo tanto lo más lógico es que el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, dejen todo como está, que no sigan adelante con esta idea y se recupere la tranquilidad», indicó.