El difícil camino para mantener los juicios contra el presidente electo

Todo esto lo dijo antes de su abrumador triunfo en los comicios del pasado martes. En enero asumirá por segunda vez la presidencia. Y entre su facultades al frente de la Casa Blanca figura nombrar a los jueces del Tribunal Supremo. Trump no esconde que quiere encarnar la ley. En su mano, en su puño, aglutinará los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Según los medios estadounidenses, las dos causas federales serán desestimadas y las estatales, aplazadas hasta que concluya el mandato, cuando quizá los delitos hayan prescrito.

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La ciudadanía ha dado vía libre a Trump. El lastre de sus líos judiciales no le ha penalizado. Las urnas le han convertido en el primer expresidente que carga con una condena grave –por falsificar registros comerciales para sobornar a la exactriz de cine pornográfico Stormy Daniels y evitar que desvelara su relación extramatrimonial–. Un convicto estará al frente del país más poderoso del mundo. Hasta ahora, Trump ha tratado de retrasar las causas con recursos. El escenario acaba de cambiar. Según 'The Washington Post', el fiscal Jack Smith –nombrado por el fiscal general de la Administración demócrata Merrick Garland– ya negocia con el equipo del próximo jefe de la Casa Blanca cómo poner fin a los dos procesos federales que hay contra él y aplicar la inmunidad presidencial.

Trump dispone de cuatro años al mando de EE UU para destituir fiscales y nombrar jueces –los del Tribunal Supremo son vitalicios–. Ya lo hizo durante su anterior presidencia. Entonces era novato en el cargo; ahora llega con experiencia y ganas de venganza.

La primera decisión clave para imaginar cómo será el futuro judicial de Trump está a la vuelta de la esquina, el próximo martes. El juez Juan Merchán tiene que decidir ese día si, como defiende la Corte Suprema, los presidentes cuentan con cierta inmunidad. Si es así, desestimaría los cargos por los pagos en negro a Stormy Daniels. Trump no tendrían que comparecer ante el tribunal el 26 de noviembre para conocer la sentencia de un caso en el que se enfrenta a una pena de hasta cuatro años de prisión.

El juez Merchán podría también optar por un castigo leve, que no conlleve cárcel, aunque los abogados del magnate tratarían, como hacen siempre, de prolongar el proceso incluso hasta el Tribunal Supremo, donde Trump puede llegar a ejercer un poder casi absoluto. Además, alegarían que su entrada en un presidido le impediría ejercer su labor al frente del país. Eso desataría un conflicto constitucional sobre las competencias de un juez de un Estado para sentenciar a un presidente electo. En los procesos estatales no caben autoindultos.

Trump tiene pendiente otro juicio de ámbito local. En Georgia. Está acusado por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, de delitos graves vinculados a una supuesta conspiración para interferir en los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en un intento por mantenerse en la Casa Blanca. Los investigadores localizaron una conversación telefónica de Trump con el secretario del estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que el republicano le pidió que «encontrara» los votos que necesitaba para imponerse en los comicios.

Este caso también ha sufrido varios retrasos debido a los recursos legales del equipo de Trump, que ha tratado de descalificar a Willis por su relación sentimental con un fiscal especial que acabó renunciando. Un tribunal de apelaciones evalúa si se debe permitir a Willis seguir en el caso. Si es destituida, varias fuentes consultadas por la CNN creen que ningún otro fiscal querrá asumir el proceso mientras el magnate sea presidente.

Sobre Trump planean, además, dos casos federales. Aquí tiene potestad de indultarse. El primero se centra en su implicación en el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores el 6 de enero de 2021. El multimillonario no había aceptado la derrota electoral ante Joe Bien y difundió acusaciones de fraude. Eso alentó a los alborotadores. En aquella fecha, Trump aún era oficialmente presidente –faltaban unos días para la toma de posesión de Biden– y por eso la Corte Suprema le consideró parcialmente inmune. Pero el fiscal especial Jack Smith reactivó el proceso al argumentar que de la «conspiración» del mandatario nada tenía que ver con las funciones de su cargo. Todo apunta a que ahora será cerrado. «Está claramente establecido que un presidente en funciones no puede ser procesado, por lo que el caso de fraude electoral será desestimado», defiende el exfiscal federal Neama Rahmani.

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El otro caso federal gira en torno al traslado sin permiso que hizo Trump de documentación «confidencial» a su residencia privada de Florida. Almacenó allí cajas de archivos clasificados tras peder las elecciones en 2020. Smith lleva también este asunto, que ha quedado paralizado por la jueza Aileen Cannon, nombrada en su día por el líder republicano y que asumió este proceso en junio de 2023. La magistrada considera que el fiscal fue designado de forma irregular por el Departamento de Justicia. Smith ha apelado, pero ahora su recurso parece en vía muerta, según los expertos. Trump, el presidente convicto, está a las puertas de la Casa Blanca, controlará el Senado y, casi seguro, la Cámara de Representantes. Su poder será prácticamente absoluto.