Rechazo al anteproyecto de Ley

Los propietarios de la vivienda vacacional ven «inconstitucional» la norma del Gobierno: «Es un exterminio»

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de abril 2024, 11:46 | Actualizado 16:26h.

Comenta

«Con este anteproyecto, las viviendas vacacionales quedan heridas de muerte, y solo es cuestión de poner la fecha definitiva de su erradicación, que será paulatina pero inexorable». Así de contundente se ha mostrado la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ante el anteproyecto de ley elaborado por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que consideran «institucional» y «una ley de exterminio».

En esta línea, defienden que el anteproyecto es un «refrito de las medidas más limitativas» dictadas no solo en España, sino en Europa, sobre las viviendas vacacionales. Por todo ello, consideran que el objetivo del Ejecutivo canario es «prohibir desde ya» los nuevos pisos turísticos e «ir eliminando los que ya están ejerciendo la actividad legalmente».

Señalan, a su vez, que se trata de una «auténtica moratoria» a las viviendas vacacionales en las islas, pues a partir de su entrada en vigor «no se van a admitir más altas» de estos alojamientos, «salvo que expresamente el planeamiento municipal las autorice», justo lo contrario a lo establecido a día de hoy, según matizan.

Noticia relacionada

Así es el polémico anteproyecto de la vivienda vacacional que prepara el Gobierno canario

En este punto, explican: «En la actualidad, prácticamente ninguno de los 88 municipios de Canarias tiene su PGO adaptado para prever las viviendas vacacionales (VV), por lo que quedarán automáticamente prohibidas en todos ellos. Y además se imponen tantos y tales condicionantes a los Ayuntamientos que quieran autorizar VV que será de muy difícil cumplimiento».

Al mismo tiempo, ahondan en la idea de que la norma prevé la erradicación paulatina de los pisos turísticos que «ejercen la actividad legalmente en Canarias, que han presentado su declaración responsable y pagan sus impustos».

Así, exponen que el régimen transitorio que se aplica a estos alojamientos es de imposible cumplimiento por dos cuestiones: por un lado, porque otorga un plazo de 5 años para que se adapten a las exigencias técnicas del art. 5 d) (aparatos de aire acondicionado y/o calefacción, calificación energética mínima C o B, agua caliente mediante placas solares o similar, toma corriente para recarga de vehículos eléctricos, acceso rodado y pavimentado a las viviendas etc., que en muchos casos no depende de los propietarios), si no, «quedarán excluidas».

Pasados esos 5 años, detallan, tienen otros 5 (un total de 10 desde la aprobación de la ley) para adaptarse íntegramente a todos los requisitos que exige la norma, que, insisten, «no dependen de que el propietario quiera o no cumplirlos».

Si bien, indican que esto no es todo, pues existen más requerimientos que dejan fuera a numerosas viviendas vacacionales ahora en activo, como, por ejemplo, los pisos en edificios plurifamiliares; en concreto, los estudios, pisos, apartamentos y las unidades de menos de 44 metros cuadrados para 2 personas, menos de 250m2 en un edificio destinado a vivienda vacacional y otras actividades, entre otros. También, es el caso de las viviendas unifamiliares adosadas, pues solo se permiten aquellas que estén «absolutamente aisladas de sus colindantes».

Por otro lado, ponen de relieve que la medida «prevé el destierro absoluto y prohibición de ejercer la actividad durante 10 años a todas las viviendas a las que se les revoque la declaración responsable, sin posibilidad de subsanar ni volver a presentar nueva solicitud en plazo de 10 años».

Desde Ascav enumeran una serie de aspectos por los que la medida es «inconstitucional». Esgrimen que «invade competencias exclusivas del Estado y restringe la autonomía local de los Ayuntamientos». Asimismo, que es «contrario a la normativa de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de las consideraciones públicas del abogado general de la Unión Europea, vulnerando los principios de proporcionalidad, necesidad y no discriminación». También, a la «jurisprudencia del Tribunal Supremo, porque impone requisitos que ya han sido declarados ilegales por el Alto Tribunal».

Los propietarios de estos alojamientos reparan en que, además, el ateproyecto es una «auténtica expropiación forzosa encubierta» de sus propiedades y en que «no propone absolutamente ninguna medida real de promoción de viviendas» para solucionar la falta de casas en Canarias.

Lamentan la inacción del Gobierno de Canarias en esta materia y que «pretenda» que «los demás» pierdan sus viviendas para subsanarlo. Por todo ello, califican a esta norma como la ley anti vivienda vacacional, que tendrá «claros efectos»: la destrucción de más de 50.000 empleos directos y de 2.700 millones de euros anuales que se generan de forma directa en el archipiélago; el cierre de miles de pequeños autónomos y empresas locales intermediadoras; la pérdida de las propiedades a inversores extranjeros; y, por último, que seguirá sin ser resuelto el problema de la escasez de viviendas y encarecimiento del alquiler.

Síguenos en el canal de Whatsapp de Gastronomía de CANARIAS7

La solución, arguyen, pasan por promover la vivienda pública, incentivar la construcción de casas privadas a precios asequibles o establecer un marco jurídico seguro y fiable para que los propietarios pongan sus viviendas en el mercado del alquiler de larga duración.