El Gobierno quiere blindar el parque público de vivienda para que permanezca siempre en poder de la administración

La ministra ha realizado un balance de las medidas que se han puesto en marcha o se han intentado poner en marcha (algunas como la ley del Suelo han sido rechazadas en el Parlamento) y ha derivado gran parte de la responsabilidad de la situación a las comunidades autónomas, que tienen competencias en vivienda.

Rodríguez ha insistido en que quiere blindar «a perpetuidad» el parque público de vivienda para que sea siempre público. En la actualidad, el parque público de alquiler representa solo el 2,5% del total de vivienda, cuando para llegar a la media de la Unión Europea habría que multiplicarlo hasta alcanzar el 9,3%; incluso el acuerdo de Gobierno del PSOE y Sumar planteaba llegar a medio plazo al 20%, que es lo que tienen en países como Dinamarca.

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Rodríguez apuesta por construir un parque de vivienda social mediante colaboración público-privada «protegiendo esas viviendas para que los derechos de superficie de las mismas siempre reviertan en el Gobierno» o las distintas administraciones propietarias del suelo.

España desaprovechó durante décadas las inversiones públicas en vivienda para levantar un parque público de vivienda. Se construyeron cientos de miles de viviendas de protección oficial (VPO) que se vendían a un precio tasado y que el propietario podía vender al cabo de unos años sin limitaciones y ganando una importante plusvalía.

La titular de Vivienda ha resaltado que se debe «aprender de los errores del pasado» y por eso «entendemos que es necesario blindar el parque de vivienda, suelos públicos y los esfuerzos que hacemos para que sirvan al interés general de la población para siempre». No obstante, Rodríguez también reconoció que la construcción de vivienda de protección oficial para la venta fue un «ascensor social y económico para más de 2,5 millones de españoles. ¿Fue un fracaso? No para esos millones de familias que pudieron acceder a una vivienda digna». Pero también explicó que hay que ver «la otra cara de esa moneda, que es la descalificación de esas viviendas, que hace que hoy no podamos contar con esas viviendas».

En este sentido, subrayó que «hay que blindar a perpetuidad la protección de las viviendas del parque público y las comunidades autónomas tienen mucho que decir en esto«. Y aunque confió en que haya un acuerdo con las autonomías, apuntó que el Gobierno también puede hacerlo a través de la ley de Vivienda u «otros instrumentos para hacerlo viable». Lo dice tras la sentencia del Tribunal Constitucional que aclaró que la regulación de vivienda protegida pertenece a las comunidades autónomas .

«El problema de la vivienda lo tuvieron nuestros abuelos, lo tuvieron nuestros padres, lo ha tenido nuestra generación. La diferencia es que hoy este Gobierno se ha propuesto acabar con él para siempre de forma estructural», aseguró la ministra, que defendió la regulación como la mejor herramienta para que los errores no se vuelvan a repetir.

Recientemente el PSOE registró una proposición no de ley para garantizar el parque público de vivienda protegida. La propuesta socialista insta a todas las administraciones competentes en esta materia a que garanticen por ley la calificación permanente de las viviendas protegidas que se construyan -tanto en suelo público como privado- y que esté sujeta a algún régimen de protección pública, de acuerdo con los porcentajes que establece la legislación estatal. Con esta iniciativa quiere desarrollar una norma con rango de ley que garantice la calificación permanente de las viviendas protegidas, impidiendo que las comunidades puedan revocarla. Una medida que se incluyó en la Ley de Vivienda de 2023 pero que el Tribunal Constitucional tumbó por suponer una invasión de competencias.

La ministra de Vivienda dedicó gran parte de su comparecencia en el Congreso a criticar la inacción de las comunidades autónomas. «Nosotros vamos a trabajar, pero muchos otros también tienen que trabajar», dijo desde la tribuna. Rodríguez no tardó en censurar a la Comunidad de Madrid: «La barra libre no sirve para bajar los precios del alquiler». La Constitución habla de la función social de la vivienda, recuerda la ministra, que ha defendido la regulación para desarrollar la Ley de Vivienda.

Rodríguez defendió más regulación: «El objetivo de la regulación es que la movilización de viviendas lo sea para uso residencial. Es decir, viviendas para vivir. No al abuso de temporada, no al uso turístico ilegal y a la generación de infraviviendas con el hacinamiento de habitaciones. Se trata de movilizar vivienda y contener o bajar el precio del alquiler», señaló.

Desde Sumar desplegaron una batería de propuestas como limitar la compra especulativa de vivienda (que solo compren personas físicas y en las zonas tensionadas solo para vivir), que los alquileres sean indefinidos, y que las Administraciones Públicas dediquen el 1% del PIB a comprar viviendas que ya existen para ponerlas en alquiler asequible. «No hay un problema de falta de casas ni de suelo, sino que están secuestradas para la especulación», señaló el diputado de Sumar Alberto Ibañez. Desde este grupo, socio de gobierno del PSOE, emplazaron a la ministra a «elegir del lado de quién está» con una clara advertencia: «Si no está del lado correcto, le aseguro que no le queda más tiempo». El día anterior, el portavoz en el Congreso de Sumar, Íñigo Errejón, avisó de que la legislatura depende de que el Gobierno de Pedro Sánchez actúe en Vivienda. Al diputado de Sumar respondió de forma tensa. «Cuando me pregunta ¿con quién está usted?, la duda ofende». La ministra le devolvió la pregunta: «¿Con quién está usted, con el Gobierno o con la oposición?»

El PP no desaprovechó la comparecencia de la ministra de Vivienda para sumarse a las críticas de los socios del Gobierno. El diputado del PP Sergio Sayas habló de la gestión de Rodríguez al frente de su cartera como «balance desolador» y criticó la falta de medidas en su discurso: «Lo único que se ha descifrado de su comparecencia es el vacío y la nada, son tan expertos en generar expectativas como en defraudarlas».

La ministra de Vivienda defendió el Bono Alquiler Joven y dijo que nadie ha demostrado que el bono haya subido los alquileres. Esta medida ha sido muy criticada por sus socios de gobierno, por considerar que son transferencias que van directamente a los rentistas.

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Tantas críticas recibió en el pleno, que la ministra no tuvo más remedio que reconocer que está «dispuesta hasta a ser un saco de boxeo».