El Parlamento de Canarias cumplió con lo previsto y rechazó con claridad las enmiendas a la totalidad de los grupos parlamentarios PSOE y Vox, que buscaban que el proyecto de ley de vivienda vacacional fuese devuelto al Gobierno.
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En el caso de la formación socialista, la enmienda, recibió 28 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones mientras que la iniciativa de Vox recibió tres votos a favor, 64 en contra y una abstención, realizada por equivocación por el Vicepresidente de la Cámara, Gustavo Matos.
El Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas entra ahora en una nueva fase, con la vista puesta en el plazo de enmiendas parciales y la apertura de la consulta pública dentro del propio trámite parlamentario y que tendrá un plazo de tan solo cuatro días.
Durante la sesión plenaria de este viernes, la consejera de Turismo del Ejecutivo regional, Jessica de León, renegó de las acusaciones de que la ley desprotege al pequeño propietario y favorece a los grandes tenedores, ya que la normativa deja bien claro la prohibición de comercializar vivienda protegida al tiempo que se fija que la vivienda de nueva construcción tenga que estar 10 años al servicio de la vivienda, vetando la proliferación de los 'falsos hoteles' en suelo residencial que «no son hoteles porque tienen una licencia para construir vivienda», señaló.
Según la titular de Turismo, «esa es la prueba de que le plantamos cara a los grandes tenedores, fijar límites es lo que está pidiendo la ciudadanía canaria».
De León apeló a la necesidad de hacer «compatible» el derecho a la vivienda con la actividad turística, «sin criminalizar pero tampoco sin banalizar», reivindicando que hay que poner «límites», a una actividad económica que no para de crecer, en línea con los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y el Supremo.
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Como entiende que el alquiler vacacional es «necesario» para la oferta de las islas, defendió el régimen transitorio, y no escondió las «presiones» que ha recibido desde distintos sectores, por lo que valoró delante de la Cámara regional la «lealtad» del presidente Fernando Clavijo y el vicepresidente Manuel Domínguez.
Elegir entre fuertes y débiles
Por su parte, el portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, comenzó su intervención reprochando a la consejera de Turismo haber elegido estar del lado de los «más fuertes», como lleva haciendo el último año y medio. «Me cuesta felicitar a una persona que ha conseguido es que haya miles de familias en Canarias que estén sufriendo y agobiadas, con una enorme incertidumbre. Se trata de elegir entre fuertes y débiles, no entre residentes y turistas», afirmó Franquis.
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El portavoz socialista también recriminó a la consejera seguir adelante con una ley en la que falta consenso y que genera «enormes dudas» entre los propios socios de gobierno, unido a la «alarma social y el efecto llamada» que está generando la nueva norma, que no tiene «sentido común ni sensibilidad social». Al mismo tiempo, criticó que De León se negara categóricamente a aplicar una moratoria para evitar nuevas altas.
«El tiempo de vida de este proyecto de ley será el tiempo de vida de este Gobierno»
Sebastián Franquis
Portavoz PSOE
Por todo ello, vaticinó que si el proyecto de ley se aprueba sin cambios, «el tiempo de vida de este proyecto de ley será el tiempo de vida de este Gobierno».
La diputada de Vox, Paula Jover, fue la encargada de justificar la presentación de la enmienda a la totalidad comentando que la nueva ley es un «asalto» a los ciudadanos, ya que se aplica al 100% de los municipios, por lo que acusó al Gobierno de «jugar con lo que da de comer» y «amenazar» a los empresarios con que tienen que subir salarios.
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En la misma línea, expuso que el Ejecutivo no ha hecho más que «castigar» a la vivienda vacacional, usándola de «cabeza de turco» para justificar la «crisis habitacional» en el archipiélago, al tiempo que reclamó una ordenación del alquiler vacacional basada en la coherencia y no en el «interés del Gobierno. No nos fiamos, aquí no hay juego limpio», agregó.
Por último, insistió en el que el turismo necesita de innovación y que no se puede expulsar a los pequeños propietarios que hayan invertido sus ahorros para beneficiarse del negocio turístico, máxime cuando nadie hace «nada» ante la okupación de viviendas.
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