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Vivienda vacacional en Las Palmas de Gran Canaria. C7

La Comisión Europea admite denuncia contra la ley de alquiler vacacional de Canarias

La asociación ASCAV alega que el Gobierno canario vulnera la normativa europea al no notificar las restricciones a la libre prestación de servicios

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 12 de febrero 2025, 08:26

La Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) contra el Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda en Canarias, según informa la propia asociación.

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La denuncia se fundamenta en la presunta vulneración del artículo 15.7 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo, que obliga a los Estados miembros a notificar cualquier nueva disposición legal que limite la libre prestación de servicios. Según ASCAV, la Consejería de Turismo ignoró las advertencias de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la UE sobre esta obligación durante la fase de tramitación del Anteproyecto de Ley.

El proyecto de ley, que ha tardado 17 meses en ver la luz, ha estado marcado por constantes modificaciones y ha generado controversia entre todos los sectores implicados, desde propietarios de viviendas vacacionales hasta hoteles y administraciones locales.

La consejera de Turismo, Jessica de León, defendió recientemente en el Parlamento canario que la nueva normativa supone un «cambio de paradigma» en la regulación del alquiler vacacional. «Antes se habilitaba la vivienda sin tener en cuenta el planeamiento y ahora sin el planeamiento directamente no existirá la vivienda», explicó durante la presentación del proyecto de ley a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez.

La nueva regulación establece una moratoria temporal que impide otorgar nuevas licencias para viviendas vacacionales hasta que los municipios actualicen su planeamiento urbanístico. Ante esta situación, De León ha instado a los 88 ayuntamientos de las islas a ejercer la «disciplina urbanística» utilizando los recursos disponibles, incluyendo las oficinas de urbanismo y las fuerzas de seguridad locales y autonómicas.

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