Turismo denuncia la pasividad de los municipios a la hora de regular la vivienda vacacional

10 años, ese es el tiempo que ha transcurrido desde la aprobación del decreto 113/2015, reglamento de las viviendas vacacionales en Canarias, tiempo en el que según la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, los ayuntamientos de Canarias, a excepción de Las Palmas de Gran Canaria, Pájara y Granadilla de Abona no «han hecho nada» para la ordenación urbanística de este fenómeno y que las competencias siempre han sido de los ayuntamientos y son «irrenunciables».

Según el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, los municipios no han hecho un ejercicio responsable en los últimos diez años, permitiendo aflorar una actividad económica sin límite, algo que llegará a su fin con la entrada en vigor del Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de las Viviendas.

Sobre las peticiones de los distintos organismos, y en particular de cabildos y ayuntamientos a través de la Fecai y la Fecam, cuya mayor exigencia durante el proceso de consulta pública de la Ley ha sido que se respeten las singularidades de cada isla y las distintas realidades de cada municipio, Rodríguez expresó que esta nueva ley, lejos de «demonizar» a la vivienda vacacional, ayuda a poner un límite cualitativo y cuantitativo a una actividad cuyo crecimiento ha sido sustancial en los últimos años.

La Ley, en opinión del director general, permite a los ayuntamientos decidir «cómo, cuántas y dónde», basados en el principio de una planificación urbanístico y no en «el libre albedrío» de los ciudadanos. De esta forma, cada uno de los municipios podrá, en función de sus capacidades y necesidades ir resolviendo en cada uno de sus núcleos de población si cabe incrementar el número de viviendas vacacionales en aquellos que no estén saturados o poner el freno a los que si lo estén. «No se trata de un modelo uniforme para toda Canarias, no es el café para todos del que se ha hablado, eso sí lo cumple la ley del 2015», apuntó Rodríguez en un desayuno informativo con los medios.

Desde que la Consejería de Turismo anunciara su intención de regular la actividad de la vivienda vacacional a finales de 2023, se ha producido para muchos, entre ellos la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), un efecto llamada de las licencias para ejercer la actividad, generando más de 20.000 nuevas altas. Según Ascav, una medida ejercida a sabiendas por la Consejería de Turismo, para intentar justificar una «normativa restrictiva» que va a sacar a muchas viviendas vacacionales del mercado.

Preguntado por si no hubiese sido más apropiado aplicar una moratoria para frenar este efecto llamada, Rodríguez subrayó que este crecimiento ha sido superior en otras regiones en las que ni siquiera se ha planteado ningún tipo de iniciativas legislativas por lo que no es para nada correcto, atribuir el aumento en la demanda al «ejercicio democrático» de promover una ley. «Una parte sí obedece al efecto llamada pero no la totalidad, en otras épocas también se creció a ritmos superiores».

El director general de Ordenación recalcó que se podría haber hecho un decreto ley para aplicar la moratoria pero que este proceso se reserva a aquellas causas de urgente necesidad, la cuál hay que acreditar. «En su momento, los ritmos de crecimiento eran razonables», motivo por el que se decidió no establecer una moratoria.

Con la normativa vigente, cualquier persona que quiera explotar una vivienda vacacional tiene que acudir a dos administraciones, al Cabildo correspondiente para la declaración responsable de turismo y al ayuntamiento para la comunicación previa de actividades clasificadas. Con la nueva Ley, este proceso se reduce.

Desde que entre en vigor, explicó Rodríguez, solo habrá que acudir al Cabildo o únicamente al ayuntamiento en caso de querer aplicar la disposición transitoria primera. De esta forma, el director general reniega del «mantra» que defiende la Fecam sobre que recaerá sobre los municipios el peso de la verificación de esas declaraciones responsables. «En el ámbito municipal, no es verdad, basta con comprobar la ley, no hay nada nuevo».

La principal diferencia que trae el nuevo Proyecto de Ley es que los ayuntamientos recibirán esa declaración responsable de mano de los cabildos y no tendrán que emitir ningún acto administrativo, «solo comprobar que viene la documentación que les toca a ellos. No hay autorización, no hay licencia. Esas son las grandes novedades», subrayó Rodríguez.

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