De León suspende 'sine die' las multas por residir en apartamentos de uso turístico

La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias paralizará 'sine die' y hasta que entre en vigor la ley de la vivienda vacacional -cuyo debate tendrá lugar el próximo 14 de marzo- las sanciones impuestas a personas por residir en apartamentos de uso turístico.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha realizado esta petición a la consejera de Turismo, Jéssica de León, que prevé prorrogar la suspensión vía decreto.

Como se recordará, la ley turística de 1995 -de Ordenación de Turismo- recogía el principio de la unidad de explotación, con el que se pretendía unificar los servicios que se daba a los turistas y homogeneizar la imagen del destino a través de un único explotador que gestionaba el complejo.

Este principio de único uso de estos apartamentos se consagra en la Ley de Renovación y Modernización Turística 2/2013, que dejó muy claro que el propietario de un apartamento turístico no es el propietario de una vivienda «sino de un apartamento con un destino turístico». Pese a la prohibición normativa en los últimos años muchos apartamentos turísticos se han convertido en residenciales al margen de la ley, una tendencia con fuerte crecimiento -solo en la última década se ha perdido el 50% de la oferta extrahotelera de la isla de Gran Canaria-.

Como consecuencia, desde hace tres años comenzaron a tramitarse sanciones que rondaban de media los 2.500 euros, lo que generó un gran malestar entre estos ciudadanos, muchos de ellos extranjeros que en algunos casos compraran el inmueble sin saber que compraban una casa con un uso turístico y en unidad de explotación (para establecer un paralelismo, como si fuera un local de uso comercial y en el que no se puede residir). Hasta la fecha se han impuesto 75 multas pero hay casi 3.000 en tramitación.

Para solventar el problema y dar una respuesta a los ciudadanos, el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana -PP y CC- anunció en julio de 2024 su intención de iniciar la redacción de una ordenanza municipal que retocase el planeamiento de cara a poner orden. Con esta ordenanza el Ayuntamiento debía aclarar en su planeamiento qué parcelas iban a ser de uso residencial -aquellas con un elevado número de residentes- y qué otras se iban a destinar a turístico. Al mismo tiempo Turismo aprobó una paralización de las sanciones que ha llegado a su fin.

Por ahora, han pasado nueve meses y por el momento el ayuntamiento no ha acometido esa actualización del planeamiento y tampoco han especificado los usos de cada una de las parcelas y complejos en conflicto pero las multas siguen llegando. «Hemos solicitado a la consejera de Turismo que hasta que no se aclare cómo va a quedar la norma suspenda la tramitación de los expedientes sancionadores en trámite», indicó Pérez, que señala que no se ha pedido una fecha concreta para la suspensión.

Actualmente solo hay una excepción para residir en complejos de uso turístico y con unidad de explotación y es que se estuviese viviendo antes de enero de 2017. Esa salvedad, sin embargo, no existe actualmente porque al no haberse determinado aún la especialización de usos de las parcelas las personas con este derecho no pueden demostrar que lo tienen y lo ha consolidado. Por esta razón, algunas de las multas que ha remitido en estos últimos años la Consejería de Turismo han llegado a estas personas que pueden residir en estos complejos. «Es necesario hacer la especialización de usos cuanto antes porque estas personas que tienen derecho podrían vivir tranquilas», indica el vicepresidente de la FEHT, Fernando Estany, que considera prioritario que los ayuntamientos aborden este trabajo «para aclarar la situación que se da en las zonas turísticas».

En el mismo sentido se expres a el experto en el sector turístico y uno de los principales estudiosos del fenómeno de la residencialización en el sur, Antonio Garzón. «Debe aclararse cuanto antes los usos de cada complejo», indica. Ambos rechazan la posibilidad del uso mixto de los complejos, al entender que el turístico y el residencial no pueden convivir.

Para la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (Palt), Maribé Doreste, la nueva suspensión es «una tirita» que no arregla el problema de fondo y por ello pide una derogación de la ley 2/2013, que es la que recoge la posibilidad de sancionar. «Esto es una expropiación encubierta, no entendemos por qué no podemos vivir en nuestras viviendas», asegura Doreste. De igual modo solicita que se haga cuanto antes la especialización del suelo en el municipio para aclarar la situación. «La ley 2/2013 es contraria a la Constitución Española y debe ser derogada. No entendemos que no se haga», indica.

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