De León insta a los municipios a acelerar el planeamiento para evitar la moratoria vacacional

Han sido 17 meses intensos para la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, un sinfín de idas y venidas, constantes cambios en el documento y retrasos para una normativa, que por momentos no contentó a nadie, ni a los propietarios de la vivienda vacacional y su patronal, ni a los cabildos y ayuntamientos ni a hoteles y apartamentos, competidores en el sector turístico.

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, defendió ayer en el Parlamento canario el «cambio de paradigma» que se va a dar con la normativa que regula la actividad del alquiler vacacional. «Antes se habilitaba la vivienda sin tener en cuenta el planeamiento y ahora sin el planeamiento directamente no existirá la vivienda».

De León realizó estas declaraciones en rueda de prensa tras hacer entrega del Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, para su inminente tramitación en la Cámara Regional, donde se expondrá a las enmiendas y propuestas de los distintos grupos políticos.

Sobre la norma, manifestó que al no poder darse más licencias para ejercer la actividad vacacional hasta que los municipios actualicen el planeamiento urbanístico, se entra en una fase de «moratoria», que si bien tiende a ser temporal, reclaman desde las protestas del 20A una buena parte de los canarios.

En un mensaje a los 88 ayuntamientos de las islas, la consejera pidió «disciplina urbanística» para que los municipios aprovechen los distintos mecanismos y las herramientas que se están poniendo a su disposición como las oficinas de urbanismo, la Policía Local o la Policía Canaria, que recordó, tiene competencias en las zonas turísticas.

En cuanto a los métodos de control de las declaraciones responsables, de León hizo referencia a la necesidad de «entender los ámbitos competenciales» y señaló que el Gobierno, quien tiene la competencia de la inspección y cuenta con 35 inspectores para ello, ya ha hecho significativos avances, haciendo uso de entidades como el colegio de registradores o herramientas como el acuerdo con plataformas de reservas, como Booking, para cruzar los datos del registro con los de los anuncios y «sacar toda la oferta ilegal de las plataformas».

De León vio necesario recalcar que esta norma «piensa en Canarias y en el interés general de todos y cada uno de los canarios» y que reflexiona sobre ámbitos en los que los ciudadanos están demandando «sobre los límites que tiene Canarias» y en esta modalidad, en concreto.

Además, señaló que esta ley también responde al interés turístico que tiene la vivienda vacacional, que ya representa el 39% de la oferta alojativa pero que era fundamental contar con una norma con «rango de ley» que «regule y equilibre» la industria turística con el bienestar del residente.

Desde que anunciara su intención de regular la situación del alquiler vacacional en las islas en septiembre de 2023, la consejera titular del área, ha participado en todo tipo de reuniones con los distintos grupos políticos, cabildos, ayuntamientos, organizaciones empresariales al tiempo que ha recibido un aluvión de críticas por parte de la Fecam y la Fecai además de por los propietarios de vivienda vacacional y su patronal, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), con la cual las relaciones no han sido «todo lo fluidas» que podrían haber sido.

La consejera de Turismo que tras han recibido un total de 3.033 alegaciones en consulta pública. «Ahora es el turno de que los grupos parlamentarios sumen y enriquezcan esta norma».

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