«El alquiler vacacional tendrá límites justificados»

José Miguel Pérez

Jueves, 26 de octubre 2017, 09:40

—¿Se siente con las manos atadas al heredar en mitad de la legislatura el proyecto de gestión de su antecesora en la Consejería, Mariate Lorenzo?

—Es cierto que me subo a un barco en marcha, pero jamás me he sentido con las manos atadas. Soy consciente de que se viene desarrollando un trabajo importante en la Consejería. No he venido para dar un giro de timón brusco, pero hay asuntos que requieren acciones urgentes y la toma de decisiones. Siempre estamos abiertos a establecer cambios en función de lo que funciona y lo que no.

—Hablando de asuntos urgentes, ya hay tres sentencias –recurridas por Turismo– que anulan el núcleo del decreto que regula el alquiler vacacional. ¿Cuándo se materializará su modificación?

—Esperamos contar con el borrador de la norma en el primer trimestre del año que viene, de forma que entre en vigor antes de que acabe 2018. Pero hay que tener en cuenta que acabamos de abrir un proceso de consulta previa, para que todos los agentes implicados puedan hacer sus aportaciones, y en función de esas consideraciones pueden varias los plazos.

—Lo único que ha dejado claro hasta ahora la Consejería es que los cabildos y ayuntamientos tendrán un papel relevante en la ordenación del alquiler vacacional. ¿Puede ser más concreto?

—Déjeme recordarle que la norma fijará unos estándares de calidad y de seguridad que deberá cumplir la oferta de alquiler vacacional, y cuya definición corresponde a la comunidad. Pero además existe una realidad que tiene que ver con la zonificación de esta actividad. Tenemos que ser capaces de entender que el fenómeno del alquiler vacacional no se desarrolla de la misma manera en todas las islas, ni en todos los municipios. La solución deberá será flexible, y solo lo conseguiremos si incorporamos a los ayuntamientos y los cabildos a través de sus instrumentos de planificación.

—La asociación Ascav teme que esa sea la puerta para limitar la actividad.

—Implicar a los cabildos y ayuntamientos en la planificación territorial es una tónica habitual en la industria turística, porque su desarrollo tiene que seguir la senda de la sostenibilidad y el mantenimiento de la calidad. Claro que se establecerán límites, pero nunca injustificados, y siempre teniendo en cuenta que hay una demanda específica que no debemos ignorar y que aporta. También debemos ser conscientes de la problemática que se puede estar presentando en otros destinos para que esta actividad no tenga incidencia en la comunidad.

—¿Cómo va a combatir la oferta vacacional ilegal, que a la postre es la que daña al destino?

—El marco legal actual complica la aplicación de sanciones contra las plataformas que comercializan oferta de alquiler vacacional ilegal, porque en la mayoría de los casos se interpreta que estas plataformas peer to peer no tienen responsabilidades legales al actuar como intermediarios. Precisamente la semana que viene me reuniré con la secretaria de Estado de Turismo para hablar de este asunto, pero tengo claro que no podemos abordar el control de este fenómeno solo desde el punto de vista coercitivo. También estamos estudiando incentivos para que las plataformas se comprometan a no ofrecer plazas no reguladas.

—La patronal hotelera advierte de que Turismo no cuenta con inspectores suficientes.

—Es imposible abordar la lucha contra la oferta irregular exclusivamente a través de los inspectores. La solución no pasa solo por reforzar el cuerpo de 14 inspectores con el que contamos, que evidentemente es insuficiente, sino por descargarles de trabajo. La investigación de la oferta ilegal podrá desarrollarse, por ejemplo, con otro personal.

—¿Qué finalidad tiene el estudio sobre la capacidad de carga turística que ha encargado?

—Esperamos contar con las conclusiones de este estudio de capacidad de carga en enero. Queremos analizar el impacto no solo en función del volumen de turistas que puede soportar un territorio, también otros indicadores como la degradación mediombiental, la experiencia del turista, y el bienestar del propio residente y cómo percibe el desarrollo de la industria.

—Se lo pregunto de otra forma. ¿Los resultados del estudio pueden llevar a limitar el número de camas, como ha hecho Baleares?

—Los instrumentos de planeamiento turístico ya establecen limites sobre dónde y qué se puede construir, etcétera, etcétera. Y esta cuestión también se aborda. Pero no se trata exclusivamente de analizar las camas, sino de cómo afectan los flujos turísticos en espacios muy concretos para ordenar la actividad y garantizar su sostenibilidad. Este estudio servirá de base para el desarrollo del plan estratégico de turismo.

—Pues los detractores de la ley canaria del suelo consideran que abre la puerta al crecimiento turístico sin límites al dejarlo en manos de los ayuntamientos.

—La realidad es que la ley del suelo no contempla que se clasifique nuevo suelo para uso turístico. Por otra parte, los mecanismos que puedan impulsar acciones como los proyectos de interés insular tampoco contemplan aquellos que impliquen un incremento de camas. Por tanto, no va a tener una incidencia en estos aspectos concretos, más allá de que sí puede impulsar determinada oferta complementaria para mejorar la calidad del destino.

—¿Cómo puede contribuir la Consejería que dirige a impulsar la rehabilitación de los centros comerciales obsoletos?

—Más allá de los incentivos fiscales que se puedan establecer, aquí juega un papel determinante la competencia empresarial. Sí que hay planes de modernización en marcha que contemplan la mejora de espacios públicos amplios que a su vez suponen un incentivo para la inversión privada. En la ejecución de estos planes participan diferentes administraciones, y sí que es cierto que hemos detectado que no todas trabajan al mismo ritmo y de la misma manera.

—Es muy previsible que este año se superen los 16 millones de turistas. ¿Hasta qué punto está influyendo el contexto favorable?

— Todo influye en el devenir del sector. Hay acontecimientos que introducen incertidumbre, como la evolución de las aerolíneas, el brexit, o la evolución de destinos competidores. Pero los resultados del presente no serían posibles si Canarias no tuviera una oferta competitiva. Esto no implica que no tengamos que seguir haciendo esfuerzos para la mejora de los espacios, la conectividad, y por ser capaces de extender los beneficios del turismo al conjunto de la sociedad, estableciendo conexiones con otros sectores económicos. Es uno de los grandes retos, más allá de augurar cuántos turistas nos van a llegar en 2020.

—¿Cree que el empleo que está generando el turismo se corresponde con la extraordinaria bonanza que vive el sector?

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—Los datos de creación de empleo están ahí, y hay que reconocer que el turismo ha sido capaz de tirar de la economía. Pero tenemos que extender sus efectos positivos a otros sectores.