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El debate está servido. Mientras el Gobierno de Fernando Clavijo expone que el nuevo decreto protege a los residentes que viven en zonas turísticas y refuerza el turismo sostenible y de calidad, como defendió el consejero Isaac Castellano; asociaciones como Ascav lo consideran más restrictivo que la ley actual y reprocha que solo beneficia a los grupos hoteleros y perjudica a los pequeños propietarios.
Estas son las diez condiciones más importantes que promulga el nuevo decreto del alquiler vacacional en las islas, que ahora se someterá a un periodo de información pública de un mes y deberá contar también con los informes favorables de distintos departamentos del Ejecutivo y del Consejo Consultivo para ser aprobado definitivamente en Consejo de Gobierno a final de año.
Pretende ayudar a garantizar el acceso a la vivienda de los residentes, apostar por la «sostenibilidad y calidad» y evitar el «crecimiento desordenado» sobre el territorio.
Cabildos y ayuntamientos pueden establecer excepciones o fijar marcos flexibles, dejando claro que por jerarquía urbanística, primará el criterio de los cabildos en caso de disparidad de criterios con los ayuntamientos.
Las viviendas de alquiler vacacional tendrán seis meses para adaptarse a la nueva normativa cuando se apruebe.
Quedan fuera de la regulación las islas verdes, tal y como quedaba recogido en su propia ley, debido a la poca incidencia y suelo turístico en estas.
Los que posean tres o más viviendas tendrán categoría de actividad profesional y deberán contar con trabajadores y un equipamiento mínimo, al igual que las casas rurales.
Se establece que debe haber operativo un teléfono 24 horas para registrar incidencias.
El decreto establece que las viviendas en oferta deben contar con el número de registro y si se detecta alguna plaza irregular, deberán ser eliminadas en un plazo máximo de seis meses.
Las plataformas que no cumplan con la ley y ofertes viviendas vacacionales ilegales, serán sancionadas.
La Comunidad Autónoma contará con una plantilla de 14 inspectores, que se apoyarán en un futuro plan de inspección turística que atenderá al alquiler vacacional.
El decreto no tomará medidas sobre las comunidades de propietarios porque la ley de propiedad horizontal es competencia del Estado. Se convocará una mesa de trabajo entre Comunidades y el Estado.
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