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Canarias recupera el diálogo sobre la conveniencia o no de cobrar el impuesto para paliar el impacto de los visitantes en las islas, cuya competencia recae en el Gobierno regional. Se habla, por tanto, de una tasa finalista y no municipal, pero la compleja realidad insular enfrenta posturas sobre qué y cómo aplicarla.
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Se trata de un tipo de impuesto ambiental pensado para aplicarse en algunos destinos turísticos con el objetivo de mitigar el posible impacto negativo de los visitantes en el medio ambiente y promover prácticas más sostenibles. La recaudación de fondos deberían destinarse a proyectos locales de conservación ambiental, restauración de ecosistemas, mantenimiento de áreas protegidas y desarrollo de iniciativas de turismo sostenible.
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En el amplio debate sobre cómo afrontar el reto demográfico, la regulación del alquiler vacacional y la posible aplicación de una tasa turística son dos de las polémicas que más enfrentan a partidos, empresarios y los propios canarios, que ya salieron a la calle el pasado mes de abril reclamando una mejor gestión de su principal motor económico. Los argumentos a favor de su implementación residen, básicamente, en una recaudación directa de fondos, si bien falta establecer acuerdos en cómo se reinvertirían en proyectos locales. Del lado opuesto, se teme que el impuesto frene la llegada de turistas, aunque las estadísticas avalan que en las experiencias peninsulares -Cataluña y Baleares- no se han visto afectadas.
En las últimas elecciones, solo Podemos y PSOE llevaron en su programa la regulación de una ecotasa pese a que los socialistas, junto al resto del Pacto de las Flores, aseguraron durante su gobierno que «no era el momento» de abordar el debate. Coalición Canaria, que entonces demostró su rotundo rechazo, ahora asegura que está dispuesto a abrir el diálogo, mientras que el PP ha sido más tajante en el 'no' a su aplicación en la comunidad autónoma.
Por su parte, la patronal tampoco ve con buenos ojos implementar esta medida, mientras que el sector de la vivienda vacacional, a través de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, Ascav, se postula a favor.
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Es la iniciativa que ha puesto sobre la mesa del Parlamento el presidente Fernando Clavijo como alternativa a la ecotasa, que también rechaza rotundamente el Partido Popular. La propuesta se topa con los partidos de la oposición: PSOE y NC son favorables a una tasa finalista argumentando que una subida selectiva del IGIC solo afectaría a una parte de los turistas. Además, la recaudación habría que distribuirla entre distintas administraciones, puesto que el 42% de los impuestos del REF corresponden a la comunidad autónoma, mientras que el 58% restante se distribuye entre cabildos y ayuntamientos.
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Siguiendo modelos como el de Cataluña y Baleares, donde ya se aplica un impuesto turístico, la ecotasa se gravaría de forma indiscriminada a todos los visitantes, lo que incluiría a los turistas residentes. Ejemplos concretos de aplicación de ecotasas incluyen el cobro de una tarifa adicional por pernoctar en hoteles, hostales u otros tipos de alojamientos turísticos; la imposición de una tasa de acceso a parques nacionales o reservas naturales; y la aplicación de impuestos sobre actividades turísticas que pueden tener un impacto ambiental.
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