Ascav reprocha al PP la regulación de vivienda vacacional «más restrictiva de Europa»

La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) ha asegurado este martes que el anteproyecto de ley que el PP ha propuesto en Canarias para regular esta modalidad turística es la «más restrictiva» de muchas ciudades europeas, «incluso intensificándola, en muchos casos».

En un comunicado, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional también dice que se trata de un PP «bipolar» porque parte del contenido de ese anteproyecto figura en el decreto ley aprobado en Cataluña y que esta misma formación política ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Según esta entidad, con la propuesta del PP canario más de 48.000 personas engrosarán las listas del paro en las islas y se destruirán más de 2.700 millones de euros que las viviendas vacacionales generan anualmente en el archipiélago.

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Subraya la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional que durante 11 años el PP «lideró la bandera en defensa de los propietarios particulares de vivienda vacacional, hasta que conquistó la Consejería de Turismo», cuya titular es Jessica de León.

Ahora, añade la asociación, el PP de Canarias «pretende aprobar una nueva ley que regula las viviendas vacacionales en el archipiélago. Se trata sin duda, de la norma más restrictiva de toda la Unión Europea. Ha reunido bajo un mismo texto las medidas más restrictivas de muchas ciudades del entorno europeo, incluso intensificándolas, en muchos casos».

Explica la Ascav que en ese anteproyecto de ley se han incluido en su régimen transitorio párrafos «enteros que han sido un corta y pega del Decreto-ley 3/2023, de 7 de noviembre, de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico en Cataluña«.

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Para la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, lo «más sorprendente es que esa disposición transitoria de la norma catalana ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP por »afectar el contenido del derecho de propiedad del art. 33.1 CE (...) invasión de competencia estatal del art. 149.1.13 CE, por infracción del art. 17 e la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado y vulneración de los principios de igualdad del art. 14 CE y de seguridad jurídica del art. 9.3 CE«.