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Pasan los meses y los años y la película parece seguir siendo la misma, de hecho, la situación parece ir a peor. Cada vez es más frecuente escuchar los retrasos de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Las Palmas a la hora de abonar pensiones a personas discapacitadas o en situación de vulnerabilidad. Este es el caso de Noelia Guedes, una mujer de 51 años que se encuentra a la espera de que se le empiece a abonar la pensión compensatoria que le corresponde por estar incapacitada de forma permanente para desempeñar cualquier tipo de profesión.
El caso de Noelia evidencia una vez más la lentitud y falta de información que proporcionan entidades públicas como la Seguridad Social, cuya falta aparente de personal acaba dejando desamparadas a personas que no cuentan con los recursos económicos suficientes para tener una vida en condiciones. En esta ocasión, aunque el proceso se iniciase mucho antes, han pasado casi cinco meses desde que se emitió la sentencia, pero existen otros casos que han llegado hasta los 12 meses causando verdaderos perjuicios para los afectados, que sufren para llegar a final de mes.
Noelia presentó el 17 de febrero de 2023 una demanda por incapacidad permanente, en la que solicitó que se dictara Sentencia por la que se declarase su estado de incapacidad permanente y absoluta para toda clase de profesión con derecho a las prestaciones que legalmente le correspondieran. La demanda fue derivada al Juzgado de lo Social nº4 de Puerto del Rosario, Fuerteventura.
Guedes prestó sus últimos servicios profesionales como personal de limpieza de residuos urbanos en el Ayuntamiento de Antigua (Fuerteventura) con un contrato temporal por obra o servicio a tiempo parcial por un salario mensual de 531,78 euros. Una cantidad que debería haber recibido a partir del 28 de abril de 2023, día que el juzgado falló a su favor, instando a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Las Palmas a abonarle dicha cantidad en concepto de pensión equivalente al 100% de su sueldo en el momento en el que se declaró su incapacidad.
Sin embargo, esto todavía no se ha producido y Noelia lleva casi cinco meses esperando tener una noticia por parte de la Seguridad Social. «Me comentaron que al mes de la sentencia recibiría una carta pero ya ha pasado mucho tiempo y no he recibido nada, estoy desesperada». La afectada argumenta que desde la Seguridad Social no le dan ningún tipo de respuesta ni alternativa. «Me he acercado para ver como va la situación y me dicen que no me pueden ayudar, como si fuese cosa mía encontrar la solución».
Noelia inició el 19 de agosto del año 2020 el proceso de incapacidad siéndole concedida la baja médica en consulta telefónica por su médico de Atención Primaria con diagnóstico de 'lumbociática' y motivo de 'dolor en región lumbar y en las caderas'. Desde 2019, Noelia está diagnosticada de fibromialgia, lo que le provocó acudir en repetidas ocasiones a su consulta de Atención Primaria.
Esta patología le produce un dolor crónico generalizado que se ha ido agravando con el paso de los meses, hasta el punto de que en noviembre de 2020 ese dolor le producía afectación en el estado del ánimo porque le limitaba para realizar las actividades básicas de su vida diaria causando un deterioro de su calidad de vida. Al mismo tiempo, ya presentaba escasa/nula respuesta al tratamiento farmacológico prescrito por su médico.
Aparte de la fibromialgia, la afectada tiene cuatro hernias discales, fascitis plantar en su pie derecho, lumbalgia con arcos de movilidad limitados, sintomatología ansioso-depresiva e insomnio de larga duración en tratamiento, entre otras. El INSS respondió a estos informes de oficio denegando la prestación de Incapacidad Permanente argumentando que las lesiones que padece la paciente no alcanzan un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral para ser constitutivas de tal incapacidad.
Finalmente, el fallo condenó al INSS a abonarle una pensión por el 100% de su salario de 531,78 €, sin perjuicio de que se practiquen los descuentos oportunos por los subsidios de desempleo que venía percibiendo.
Más de 1.000 personas esperan hoy en Canarias en la provincia de Las Palmas a que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ejecute el fallo judicial de su incapacidad, resuelva y empiece a abonar la paga mensual reconocida por sentencia y los atrasos generados. La ley establece que la resolución debe hacerse en un plazo de 135 días.
La demora se hace insostenible para muchas personas que necesitan estos ingresos para vivir y se ven obligadas a pedir ayuda externa para sobrevivir.
La representante de CC OO en el INSS, Hortensia Rodríguez, lleva meses reclamando a la dirección una solución para estas personas que se encuentran en una situación muy delicada. Si bien es cierto que en las últimas semanas se ha acelerado la resolución de estos expedientes no es menos cierto que cada día entran más sentencias. «Al mes se resuelven unas 30 pero están entrando 180. Esto unido al cúmulo que hay explica el atasco», apunta. El expediente más antiguo que está esperando resolución es de finales de julio de 2022.
Se están dando casos de personas que las están llamando para revisar su situación, por si hubiera algún cambio, y aún no han cobrado ni un mes.
Rodríguez ha planteado a la dirección que reconozca resoluciones provisionales para todas estas personas, al fin de abonarles la pensión mínima a todos y posteriormente se regulariza, de forma que si se ha pagado de más se cobra y si es de menos se abona. El objetivo, como indica Rodríguez, es no dejar a nadie sin ingresos con los que poder vivir. «Ese dinero es de ellos y muchos lo están pasando muy mal, con familiares a su cargo incluso», señala.
La ejecución por parte del INSS se demora tantos meses porque se revisa todo el expediente al milímetro porque puede haber personas que están cobrando la prestación por desempleo u otro tipo de ayudas y además puede haber errores. «Hay que ver si existe incompatibilidad y descontarlo si se diera el caso», apunta Rodríguez. «Hay desconexión entre la realida dy la burocracia», manifiesta.
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