El CES afea a Díaz un plazo «poco claro» para reducir la jornada y reclama «más flexibilidad»

De esta forma, recoge de forma expresa las discrepancias que existen tanto en el primer recorte por ley de la jornada laboral en España en más de cuatro décadas como en aspectos «nucleares» de las otras dos medidas que también regula: el registro de jornada, que se endurece, y la desconexión digital, un derecho que pasa a ser «irrenunciable».

Pero, además, el CES le asesta varios golpes a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, al afearle la premura con la que se ha tramitado una norma «que aborda cuestiones de gran complejidad e importancia», al echarle en cara una memoria sobre el impacto económico de esta medida «insuficientemente fundamentada e incompleta» y al alinearse con el ala socialista del Gobierno y reclamar un plazo «suficiente» para la entrada en vigor de la nueva ley e incluir medidas de acompañamiento para que las empresas puedan adaptarse, tal y como defiende el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Más concretamente, el CES solicita al Ejecutivo «un marco más flexible que permita el cumplimiento efectivo de la norma». Y añade: «Esto será especialmente necesario en relación con algunos sectores y actividades», entre las que menciona a modo de ejemplo las agrarias y las pesqueras. A su vez, ve «conveniente» que se establezca un sistema de entrada en vigor «jurídicamente más claro» para la nueva jornada máxima, puesto que por un lado el anteproyecto de ley establece que la entrada en vigor se producirá al día siguiente de su publicación, pero, a su vez, fija un plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para que los convenios colectivos se adapten a la nueva jornada máxima.

Por ello, aboga por «contemplar un régimen transitorio suficiente que permitiera a los ámbitos sin convenio colectivo en vigor la adaptación de los sistemas organizativos de las empresas y, en los casos donde sí existe convenio de aplicación, un periodo también suficiente que haga efectiva la adaptación a través de la negociación colectiva, teniendo en cuenta la heterogeneidad del tejido productivo, la diversidad sectorial y el tamaño de las empresas». Asimismo, reclama contemplar la situación de aquellas empresas con contratos públicos en vigor.

Pero los sindicatos, por su parte, han conseguido que se recoja una «valoración positiva» de la reducción de la jornada» con una definición que reconoce su «relevancia social, económica y empresarial» y la necesidad de «avanzar» en ella.

«El dictamen del CES expresamente no apoya ni censura nada», explica a este periódico uno de los expertos presentes en la comisión de trabajo que ha elaborado el texto. Y precisa que se ha redactado de forma ambigua para no herir sensibilidades y que todas las partes puedan apoyarlo. Esta ambigüedad llega a tal punto que no se incluyen conclusiones como tal.

Es lo que han decidido los tres grupos que conforman el CES –bajo la presidencia de Antón Costas– para evitar un choque en la votación y redactar un total de 20 páginas en las que cada uno expone los puntos a favor y también las discrepancias. «A todos nos disgusta moderadamente», reconoce a este diario esta misma fuente.

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«Ha sido un esfuerzo de diálogo y consenso por parte de los tres grupos que esperemos sea ratificado ampliamente en el pleno de este miércoles», manifiesta un miembro del consejo.