Prepárese para dar nuevos datos cuando vaya a hacer una reserva turística

El sector turístico de Canarias en pleno se moviliza en contra de la nueva normativa que entrará en vigor el próximo 1 de octubre y que obliga al registro documental de los viajeros que se hospeden en los establecimientos turísticos. Los hoteleros, isleños y nacionales, consideran que se va a producir un auténtico caos ante la imposibilidad de cumplir con una normativa que les obliga a aportar datos de los viajeros no oficiales y que no aparecen en los documentos que aportan los viajeros, como son del DNI y el pasaporte.

Entre otras cosas, se solicitan datos como la forma de pago, los números de tarjeta de crédito, el teléfono móvil... Además, no solo tendrán que cumplir con esta nueva obligación, que entra en vigor en dos semanas, los establecimientos alojativos sino también todos los subsectores turísticos, incluidas agencias de viaje, plataformas de intermediación, coches de alquiler... Son precisamente las agencias de viaje las que más temen esta nueva normativa, sobre todo porque están a las puertas de empezar a vender los viajes del Imserso. De ahí que piden otra prórroga.

Desde la Confederación Hotelera nacional (Cehat) se ha remitido una comunicación a los ministerios de Turismo e Interior y a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil para exigir que se revise la normativa.

Cehat apunta a varios inconvenientes para cumplir. Entre ellos se encuentra la «desventaja competitiva» en el mercado nacional y europeo, ya que las obligaciones impuestas por la normativa colocan a las empresas españolas o a aquellas que operan en España en «una clara desventaja» frente a competidores en otros países de la UE que no tienen normas similares, según la entidad.

«Actualmente, la infraestructura tecnológica necesaria para cumplir con las obligaciones de registro y comunicación no está plenamente operativa, lo que redunda sobre la incertidumbre jurídica, la imposibilidad de cumplimiento añade probabilidad de riesgos operativos y reputacionales para los sujetos obligados», ha denunciado también la patronal.

Por otro lado, en opinión de los hoteleros, el Real Decreto carece de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales, lo que «provoca inseguridad jurídica». Asimismo, han criticado que la normativa ignora las complejidades operativas de las empresas afectadas, que se enfrentan a dificultades para recopilar los datos exigidos antes de la prestación de los servicios.

Además, Cehat ha destacado que las nuevas obligaciones de registro e identificación suponen «una sobrecarga administrativa excesiva», especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el núcleo del sector turístico (95% de las empresas).

«Implementar estas exigencias incrementa los costos operativos y la complejidad de gestión, algo que muchas empresas no pueden asumir, enfrentándose además de a los riesgos expuestos, operacionales y reputacionales, a graves sanciones económicas por su incumplimiento», ha concluido. Con todo ello, la patronal se ha dirigido a los ministerios de Turismo e Interior, así como a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, exigiendo su revisión y ajuste para garantizar la proporcionalidad y minimización de datos, así como un largo periodo para la adecuación tecnológica y adaptación de los sistemas operativos de las empresas.

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En caso de que no se produzca la modificación, los hoteleros han advertido de la imposibilidad de su cumplimiento y la pérdida de la fiabilidad de los datos de los que actualmente disponen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para prevenir los delitos y el terrorismo.