El riesgo climático reactiva el temor a pérdidas en la banca e hipotecas más caras

Los bancos no son inmunes al riesgo y, aunque llevan años intentando mejorar sus coberturas frente a estos eventos - incluso incorporando a sus plantillas a expertos en cambio climático- la falta de estadísticas históricas y la complejidad para calcular su impacto a largo plazo complica, y mucho, generar escudos eficaces frente a esta amenaza real.

Ya en 2022, el Banco Central Europeo (BCE) lanzó una suerte de 'test de estrés' para medir la exposición del sector a este tipo de eventos, ante el posible impacto sobre el flujo de crédito y las propias economías afectadas. La conclusión fue clara: el riesgo climático se ha convertido ya en un riesgo financiero con un coste que podría superar los 70.000 millones de euros para el sector, según el supervisor.

No se trata solo de reforzar la vigilancia sobre los préstamos que se conceden a industrias altamente contaminantes; o de cómo las entidades, como empresas, reducen su huella de carbono. La DANA ha devuelto el foco a lo que en el argot financiero se conoce como 'riesgo físico'.

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Es decir, todo lo relacionado con fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones, olas de calor, etc. «Este evento ha excedido todo lo previsible; hasta ahora los supervisores estaban más centrados en los riesgos financieros de la transición ecológica, pero la DANA demuestra que debemos poner el foco en la mitigación de los riesgos físicos», explica Ángel Estrada, director de estabilidad financiera del Banco de España.

Para el sector, el desafío es doble. Por un lado, por el coste que puede suponer la pérdida o deterioro de los inmuebles sobre los que tienen concedidas hipotecas. Y, por otro, el riesgo de impago de las familias o empresas que lo sufren. Con ese telón de fondo, el Banco de España aspira a un mayor control sobre las tasaciones de las viviendas, para que incluyan estos riesgos medidos al milímetro, aunque eso también pueda generar un impacto en las provisiones de los bancos.

En este caso, el equipo de estabilidad financiera del Banco de España confía en que las entidades se irán adaptando para cubrir esas amenazas. Pero el supervisor quiere un control más riguroso de las mismas. «Aquí no contamos con un histórico ni estudios suficientes, pero sí hay evidencia clara de que los precios de la vivienda son más bajos en zonas inundables», indicaba hace unos días Estrada, durante la presentación del Informe de Estabilidad Financiera del organismo. La institución sí empieza a percibir cómo la banca ha comenzado a recoger los riesgos climáticos en el precio de las hipotecas. «La lógica indica que se encarecerán en zonas donde exista mayor riesgo de impago, ante las consecuencias de un posible desastre natural», apunta.

Ahora, y tras lo sucedido en Valencia, el Banco de España quiere que las entidades vayan más allá de medidas como desvelar su exposición al cambio climático, como ya hacen ante la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Unos cálculos que, en algunos casos, distan de la realidad por la dificultad para medirlos de forma exacta. No importa si esa exigencia supone más costes para el sector. De hecho, la DANA ha reactivado el temor a un debate que lleva tiempo paralizado en Europa, en el que se plantea exigir un extra de capital a las entidades para que puedan hacer frente a este tipo de desastres.

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El Banco de España reconoce que esa medida, que implicaría mayores requisitos al sector, es difícil de implementar a corto plazo. «Aún está en fase de estudio», recuerda el supervisor, que defiende que cualquier medida que se tome en este ámbito debe tener en cuenta a todos los agentes implicados. «¿Vamos a hacer que las viviendas con un certificado energético peor tengan un sobrecargo, cuando sus propietarios suelen ser los de menor renta?»; «¿Podemos prohibir financiar la construcción en zonas inundables?», se pregunta Estrada. «En este asunto se va lento porque hay que tomar decisiones que tengan en cuenta a todo el mundo», sentencia. Un ritmo que contrasta con la vertiginosa velocidad a la que se han materializado los riesgos climáticos.