Los derechos de emisiones costarán 15 millones al año a las navieras que operan en La Luz

Javier Sheng Pang Blanco

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 15 de septiembre 2023, 19:16

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La comunidad portuaria y las organizaciones empresariales de las islas siguen movilizándose para evitar que Canarias se vea afectada por el pago de los derechos de emisión, que podría suponer una gran pérdida de conectividad. El principal ejemplo es que, los barcos de Mediterranean Shipping Company (MSC) que operan el tráfico de trasbordo en La Luz en la terminal de Opcsa y son el principal motor económico del puerto, tendrían que abonar estas tasas si pasan por Las Palmas pero están exentos si mueven sus tráficos en puertos africanos como Tánger Med o el Puerto de Ciudad del Cabo en Sudáfrica.

La Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de Las Palmas (Asocelpa) mantuvo una reunión con las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y las patronales de empresarios de ambas islas para alertar de las «gravísimas consecuencias» que tendrá la directiva europea sobre las nuevas tasa de emisiones en el tráfico de contenedores, con «pérdidas millonarias» y de competitividad y conectividad para las islas.

El presidente de Asocelpa, Jaime Cabrera, manifestó, que se trata de un «tema muy grave» porque «si no se para o no se exceptúa a Canarias como región ultraperiférica, la aplicación de la tasa que empieza el 1 de enero del 2024, dejaría a las islas con una peor conectividad y muy afectadas».

Cabrera informó que en base a los cálculos que han realizado, «estamos hablando de unos 15 millones de euros al año solamente de impacto directo de las navieras», pero el impacto económico en la economía canaria y en la logística se «multiplicará exponencialmente» y además «afectará a todos los sectores y a toda la industria».

El presidente de Asocelpa recalcó que gracias a esa conectividad, Canarias está actualmente «contemplada en todos los mapas» y que de perder esa posición geoestratégica en el Atlántico «puede dar un paso atrás bastante importante».

También apuntó que esto implica un beneficio de los puertos africanos competidores del oeste y norte de África, ya que «todos los que están compitiendo hoy por hoy con Canarias y los que ya se están desarrollando para tener competitividad están muy atentos a las oportunidades que se abrirán con esa normativa europea que no les afecta» y que «les puede dar de por sí una importante llegada de clientes sin buscarlos».

Estos puertos competidores, son «todos los que hacen esa ruta, desde Rotterdam y pasan por Canarias para triangular en Asia y hacia estos puertos» que «se pueden ver beneficiados» penalizando a Canarias, detalló. En estos momentos, «todas las mercancías entran por mar» y, por lo tanto, «no contemplar esa excepción que garantice por lo menos una paralización entre el 2024 y la 2030 en Canarias, llevará a una situación muy complicada» que afecta «a toda la cadena económica y logística de Canarias», opinó.

En relación a las medidas, recordó que la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada ya remitió una carta a Puertos del Estado y se «está trabajando ya intensamente para poder elevar hasta Europa que se contemple esta excepción».

El colectivo va a elevar la petición, «a todos los estamentos», aportando «todo nuestro apoyo y los datos que tenemos de todas las navieras afectadas, tanto la Autoridad Portuaria como el Gobierno de Canarias, para incorporar en la misma directiva la excepción a las regiones ultraperiféricas con ese paréntesis entre el 2024 y el 2030».

Este es «un problema mayor» y el plazo «para llegar a la excepción debe ser antes del 1 de enero contando con que lleva unas tramitaciones concretas con unos plazos concretos», concluyó.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, rechazó la implantación de una tasa verde para gravar la conectividad marítima entre las islas. Explicó que este tipo de gravamen sería «contraproducente» para el impulso de la movilidad y la cohesión territorial, especialmente, «en un archipiélago donde gran parte de los movimientos entre las islas se realiza por vía marítima», con un volumen diario de trayectos en línea regular que se acerca al centenar. «Sería un error que entrara esta medida en vigor el próximo mes de enero. Hay alternativas para evitar un encarecimiento de los billetes».

De Rotterdam a Ciudad del Cabo: el barco pagará 95 mil euros más si pasa por Las Palmas que por Tánger

A partir del 1 enero de 2024, usar alguno de los puertos canarios como trasbordo hacia un tercer destino saldrá más caro al tener que afrontar el pago de un 40% de los derechos de emisión, todo ello si Canarias no consigue la exención total ante la Unión Europea antes de que acabe el año. A partir de 2025, el porcentaje alcanzará un 70 y en 2026 un 100%.

En una travesía que vaya desde el norte de Europa a Sudáfrica, el coste de emisión sería el siguiente. En un escenario en el que el buque vaya del puerto de Rotterdam al de Las Palmas, cubriendo una distancia de 1.771 millas naúticas, con los derechos de emisión al 100% tendría un coste de 110.420 euros, mientras que de Las Palmas a Ciudad del Cabo la travesía es de 3.057 millas naúticas pero el precio es solo un poco superior, 137.580 euros, al solo estar afectada por un 50% de esos derechos de emisión, siendo el coste total de la travesía de 496.000 euros.

En el segundo escenario, ese mismo barco que tenga Tánger como destino intermedio tendrá un precio de 402.000 euros, al verse afectado por un 50% en todos sus desplazamientos, pese a recorrer una mayor distancia.

Desde Asocelpa indican que «la conectividad de los puertos canarios se ha conseguido gracias al trasbordo internacional», una actividad cuyo peso en el volumen internacional es del 80%. Esa pérdida de conectividad «sería algo sin precedentes que impactaría directamente en el desarrollo actual y futuro del archipiélago».

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También señalan que la pérdida de rutas directas internacionales «tendrá un impacto directo en la balanza comercial de la región» y tanto importaciones como exportaciones se verán «gravemente afectadas». Las mercancías perecederas de terceros países, deberán ir en avión, con un «enorme incremento de emisiones y coste».