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La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, mostró ayer su contrariedad con la Comisión Europea (CE) durante la celebración del Foro Ser Canarias, ya que, mientras por un lado, apuntan al carácter «esencial y estratégico» de los puertos de las islas, por otro lado los castiga con decisiones como la tasa de emisiones, que les restan competitividad frente a los recintos africanos.
Según dijo ante 160 asistentes al foro, la mayor amenaza de los puertos canarios en estos momentos es el binomio Europa-África, aludiendo al hecho de que, mientras el pasado 17 de enero el Parlamento Europeo «reconocía en su informe Berendsen «el carácter estratégico y fundamental de los puertos del sistema portuario europeo dentro del continente» por su capacidad de generar conocimiento, economía y su avance decidido hacia la transición energética, la CE está «adoptando decisiones» que van en contra de ese escrito.
Calzada recalcó que esta tesitura es la principal amenaza señalando que «no tiene sentido» que el Parlamento europeo reconozca, además, el carácter esencial de los puertos de las regiones ultraperiféricas para garantizar la conectividad, la economía y el empleo, a los que «ataca la Comisión Europea al aprobar directivas» como la de emisiones, que también benefician a África al trasladar hacia allí toda la estrategia logística europea.
Beatriz Calzada
Autoridad Portuaria de Las Palmas
La presidenta de Puertos de Las Palmas aseguró que no entiende que «Europa se dedique a invertir en los puertos africanos para evitar la emigración y, a la vez, apruebe medidas» que lleven a los puertos canarios a competir con ellos «con los brazos atados», por lo que solicitó que Canarias quede exenta de los derechos de emisiones de CO2, algo que es muy perjudicial para los puertos del archipiélago.
Calzada recordó que mientras es importante avanzar en la vertiente ambiental camino a la descarbonización, también es fundamental estudiar el apartado económico. «Hemos hecho nuestros números y el coste de electrificar todos los muelles del Puerto de Las Palmas asciende a los 109 millones de euros».
Tras hacer referencia a que acometer esa renovación no es viable ni por iniciativa propia ni con ayudas externas, la responsable de Puertos de Las Palmas consideró que es hora de «tomar decisiones y establecer prioridades. Hay que ver cómo lo hacemos, tener mucho sentido común y ser muy realista, de nada servirá acometer renovaciones en infraestructuras energéticas si luego no tenemos la energía».
Del mismo modo, señaló que si «queremos seguir siendo líderes en suministro de combustibles tenemos que ser capaces» de proveer ese combustible y que los buques que vengan en busca de un tipo específico lo encuentren, ya sea generándolo o almacenándolo.
Calzada destacó la aceleración del proyecto de Formación Profesional Dual para adquirir personal cualificado para desempeñar las labores del puerto. También, señaló que muchos empresarios le han trasladado la dificultad que tienen para conseguir empleados de calidad y que llegan incluso a traerlos desde fuera, sin ni siquiera de esa forma llegar a cubrir el cupo necesario.
Otra línea de actuación será la solicitud al Ministerio de Transición Ecológica para que incluya en su proyecto de corredores marítimos verdes el que podría establecerse en sus rutas internas, al considerarlo el más factible de ser el primero de España en operar, antes incluso que el pretendido entre las islas y Huelva.
La presidenta del Puerto de Las Palmas también habló acerca de los conflictos laborales que han salpicado a su organización en las últimas semanas. Sobre la entrada de dos familiares de la jefa de Recursos Humanos explicó que «evidentemente revisamos cada uno de los procesos. En caso de que se determine que hay algo irregular se tomarán las decisiones oportunas». Sobre si se ha abierto una investigación interna indicó que «los procesos se han seguido, ahí están y por tanto tenemos la convicción de que se ha actuado correctamente».
Sobre la querella de la jefa de dominio público en contra de su predecesor Luis Ibarra, expresó «que no hay nada que hacer» ya que es algo que pertenece al pasado y tendrán que ser los tribunales los que decidan cuál es el camino a seguir.
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