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La Autoridad Portuaria de Las Palmas cerrará el acceso a todos los muelles de los cinco puertos de la provincia al fin de dar cumplimiento a las exigencias que impone de la Comisión Europea al fin de reforzar la seguridad de estas infraestructuras, que son punto de entrada básico de mercancías. El Puerto ya ha dispuesto las barreras y las cabinas operativas para albergar a la polícia portuaria, que será quien controle la entrada y salida de personas y vehículos, según informó ayer la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, tras la celebración del consejo de administración. Hasta ahora los controles estaban solo a la puerta principal de acceso a los puertos.
«No podrá entrar cualquier persona. Sé que hay muchas personas que les gustaba pasearse por los muelles y hacer ejercicio, incluso los fines de semana, pero ya no va a ser posible», indicó Calzada, que apuntó que el cambio también supone una modificación en la operativa de los trabajadores y empresas que operan en los muelles, como es el caso de los transportistas.
Para evitar complicaciones, en los próximos días se les remitirá el protocolo de actuación y las indicaciones para acceder al 'software' y acreditar los vehículos. De esta forma, sus matrículas estarán ya preautorizadas y la barrera se abrirá de forma automática para aligerar la operativa. «Sabemos que durante un tiempo será incómodo pero esto no es voluntad nuestra ni una ocurrencia de este Puerto. Son medidas establecidas desde Europa y que tenemos que cumplir», indicó Calzada, que solicitó la colaboración de todos.
A futuro la idea de la Autoridad Portuaria es que las barreras se puedan controlar desde el centro de control, sin que sea necesario que haya personal. «Sentimos este cierre pero no nos la podemos jugar. Aquí es vital la seguridad y que sigan confiando en nosotros y diciendo que esto es un puerto seguro», señaló.
Por otro lado, en el consejo de ayer dio luz verde al mapa del ruido estratégico del puerto y en el que se analizanel nivel de ruido del recinto. La principal conclusión es que pese a que el puerto genera ruidos el hecho de que la autovía separa el recinto de la población hace que el ruido se disipe y a los ciudadanos solo les llegue el de la Avenida Marítima.
Calzada indicó que, una vez que se electrifique los muelles, el nivel de ruido aún será menor.
Por otro lado, la Autoridad Portuaria ha recibido ya varias solicitudes de los negocios del Muelle Deportivo para seguir con la concesión. En concreto, han sido el 25% los que se han acogido a la vía planteada por el Puerto para dar mayor seguridad jurídica ante el inminente próximo concurso de explotación del recinto.
Asimismo, se aprobó el expediente que permitirá abrir el procedimiento de adjudicación para llevar a cabo las obras en el muelle de Cambulloneros y se aprobó el convenio entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Ministerio del Interior para la ocupación de la Guardia Civil de su nuevo edificio, con destino a la prestación de los servicios aduaneros, fiscales y de vigilancia.
El consejo de administración no trató ayer la contratación de un despacho de abogados para defender al expresidente Luis Ibarra de una querella presentada por una trabajadora. A pesar de que la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, había asegurado que volvería a llevar al consejo de administración de ayer la contratación del despacho de abogados Oliva-Ayala, de Madrid después de que se quedara en el aire en la anterior reunión del 3 de abril, finalmente no se incluyó el punto en el orden del día.
Ante las preguntas de los periodistas, Calzada señaló que el Puerto «sigue viéndolo y analizándolo» y en el momento en el que se estime oportuno se hará lo que se estime pertinente. Fuentes próximas apuntan a que la negativa de la Abogacía del Estado a aceptar este punto impide que se vuelva a llevar al consejo.
Por otro lado, el Puerto aprobó dar a la presidenta la competencia para la incoación de expedientes de personal fuera de convenio, que ahora recae en el director.
Respecto al recurso de casación de la empresa Maxoinversiones en Puerto del Rosario, el Tribunal Supremo no lo ha admitido a trámite con lo que se cierra el conflicto y la empresa tendrá que empezar a desmantelar sus instalaciones, según indicó Calzada. Como se recodará, Maxoinversiones acusaba a Ibarra de un delito de prevariación por favorecer a la Naviera Armas enuna concesión en el puerto majorero. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazó la acusación y Maxoinversiones recurrió al Tribunal Supremo con el resultado antes señalado.
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