El Gobierno maniobra para maquillar el déficit de las pensiones y evitar nuevos ajustes

Diversos organismos como el Banco de España o la Comisión Europea han mostrado ya su escepticismo en que no serán necesarios nuevos ajustes. Y, aunque el Ejecutivo hace alarde de su optimismo y asegura que no habrá nuevos recortes ni encarecimiento de las cotizaciones, tal y como afirmó la ministra Elma Saiz en una reciente entrevista a este periódico, ha puesto en marcha la maquinaria para tratar de maquillar el déficit que no termina de reducirse en la Seguridad Social e influir en el resultado final de la Airef a través de cambios en la contabilidad de las cuentas.

Para ello, el Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto en el que obliga a la Airef a considerar las transferencias del Estado a la Seguridad Social (esa inyección de dinero a fondo perdido a costa de los impuestos de los españoles) como ingresos del sistema. El Gobierno especifica en esta norma que entrará en vigor este jueves -cuya aprobación no se mencionó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros- conceptos indeterminados o imprecisos que deben tenerse en cuenta en la 'cláusula de cierre'.

La Seguridad Social recibió el año pasado 38.722,86 millones de euros procedentes de transferencias corrientes, de los cuales 19.888 millones corresponden a la reevaluación del Pacto de Toledo que se realizó en 2020, según datos del ministerio. Además de las transferencias, la norma detalla que deberán considerarse ingresos del sistema de la Seguridad Social las aportaciones progresivas del Estado y las que se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura; las cotizaciones sociales, las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga; los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de los recursos patrimoniales de la Seguridad Social, y los recursos establecidos para la financiación del Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado.

Con este nuevo concepto de ingresos, el Ejecutivo busca mitigar el exceso de gasto al menos en unas décimas para evitar que se active la cláusula de salvaguarda y sea necesario poner encima de la mesa nuevas medidas para el año que viene o, a falta de consenso en estas, elevarse las cotizaciones de forma automática, tal y como establece la reforma.